viernes, 28 de octubre de 2016

MACRI, HAGA PATRIA CONFISQUE EDESUR Y EDENOR.


Con apoyo de Macri, Edenor y Edesur, después de lo que resulte en la audiencia de noviembre, presionan para un nuevo aumento de tarifas.
El viernes Edenor y Edesur pedirán un nuevo aumento del 75 % en las tarifas que regirá a partir de febrero del 2017, entonces el aumento superara el 1.200 %.


Desde la asunción del Presidente Ing. Mauricio Macri observo y pregunto cómo puede ser que haya designado como funcionarios al Sr. Ricardo Sericano, actual vocal del ENRE, trabajo en cargos gerenciales de Edenor durante el periodo 1992 hasta 2010, y al Sr. Juan Garade fue director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (marzo 2001-mayo 2012) y antes de eso fue gerente de Planificación Económica de Edenor (octubre 1992-marzo 1998) además de nominar a decenas de ejecutivos de las principales empresas eléctricas del país.

AMPLIACIÓN DE DENUNCIA – REITERO SOLICITO LA INTERVENCIÓN DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS – LA CONFISCACIÓN DE SUS BIENES.-
Señor Juez Federal: Dra. María Romilda Servini

                                        JUAN RICARDO MUSSA, DNI 4.705.745 por derecho propio, mi celular 11 5660 7025 y constituyendo domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Expediente: CFP 15.580/2016, ante V.S. me presento y respetuosamente digo:     
I.OBJETO.-
            Que vengo a interponer ampliación de denuncia a fin de que continúe con la investigación sobre la posible comisión de los delitos de Evasión Impositiva, Violación de la Ética Pública, Estafa, Tráfico de Influencias, Lavado de Dinero, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (Art. 248 CP), Enriquecimiento Ilícito, Conflictos de Intereses y/o los que V.S. considere, que en los términos de los Artículos 172,174, 248, 250 bis inc. 1, 253, 256 bis, 258, 258 bis, 261 y 262  y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, contra el Ministro de Finanzas de la Nación Sr. Luis Caputo, al Sr.  Nicolás Caputo y los Directores de las empresas, Mirgor S.A. domiciliada en la calle Guayaquil 4301, 1766 La Tablada, Buenos Aires, Transportadora de Gas del Norte S.A domiciliada en la calle  Don Bosco 3672, 1206 CABA , Caputo S.A. domiciliada en la calle Calle Miñones 2177, CABA , Distribuidora de Gas del Centro S.A. domiciliada en la Av. Juan B. Justo 4301, Ciudad de Córdoba y Distribuidora de Gas Cuyana S. A. domiciliada en la calle Las Tipas 2221, Villa Hipódromo Mendoza, Sadesa S.A. domiciliada en el Camino de la Rivera Sud 418, Villa Fiorito, Buenos Aires y Central Puerto S.A. domiciliada en la Av. Tomás A. Edison 2.700, CABA, en concurso real con participación necesaria  de los Funcionarios en los supuestos hechos delictivos, con el concurso premeditado de dos o más personas  (art. 80, incs.,  2ª y 4º del Código Penal) según ley 20.642), como Crimen de Lesa Humanidad, mi porque de esta definición V.S. es porque haciendo uso de las prebendas dadas en ese momento por el Poder Ejecutivo Nacional han usado el Estado para saquear los impuestos del Erario Público, violación de la Constitución Nacional, Asociación Ilícita, y/o los que V.S. determine se cometieron mediante la respectiva investigación; por parte a ampliar la denuncia, porque presumo que han cometido distintos delitos en los Ciudadanos


II.-Hechos.-

A fin de dar precisión a la cuestión de hecho sobre la que girará la presente denuncia es que deberé puntualizar algunas cuestiones de suma relevancia y gravedad.
Evidencia que los empresarios en este caso hay parientes y socios cómplices en sus contrataciones, el tener el Poder Ejecutivo Nacional, esto hace que la corrupción estructural que viene desarrollando el gobierno de turno, tanto es así que veíamos con que ahincó el Presidente de la nación y sus Ministros defendían los aumentos de tarifas, como si fuera el fin de su gobierno, reclamando algo que el Estado argentina, nada le debe a esas prestadoras de servicios, en el gobierno anterior han sido reguladas las tarifas donde el usuario no importa el que pagaba, sino que la empresa prestataria del servicio tanto de gas como electricidad han cobrado la tarifa plena y sin embargo hoy se las defiende con mentiras que es falta de infraestructura para mantener el servicio cosa que es falsa, lo que el Poder ejecutivo nacional era intervenir las empresas porque se había estafado al Estado Nacional, clara que al ver que las mismas sociedades son parte de la misma empresa por lo que V.S. debe considerar esta ampliación de denuncia como GRUPO ECONOMICO,  un fenómeno que nos afecta a todos. Es un flagelo moral, económico e institucional, produciendo un impacto mayor en los sectores de bajo recursos. Pero, ¿qué es la corrupción? Las convenciones internacionales contra la corrupción únicamente definen los distintos actos de corrupción. Transparencia Internacional la define como “El abuso de poder para beneficio propio”. El Banco Mundial, como “el abuso de un puesto público para ganancia privada”. El Banco Internacional de Desarrollo la define como “actos realizados por funcionarios que usan su posición con fines propios, o bien lo hacen a pedido de otros, a fin de obtener beneficios para sí o para terceros” El Economista Robert Klitgaard creó la fórmula de la corrupción C = M + D – R (T) Corrupción es igual a Monopolio más Discrecionalidad menos Responsabilidad (Transparencia) A pesar de no existir una única definición, todas ellas abarcan tres elementos comunes: abuso de poder, beneficio, menoscabo de un bien público. Por lo tanto se puede decir que corrupción es la acción u omisión de un funcionario público en beneficio de sí mismo o de un tercero. En las siguientes páginas explicaremos los distintos delitos contemplados en nuestro Código Penal de la Nación (en adelante “C.P.”) que configuran hechos/actos de corrupción.
Este análisis pormenorizado, de distintas fuentes, me oriento para ampliar la presenta ampliación de denuncia por US$36.000 millones en los próximos 10 años: el energético.
Al ver Caputo quiere llevar a Sadesa, que controla casi un 35% del paquete accionario de Edesur, la 2da. Distribuidora eléctrica de la Argentina, y de la que posee el 23% de las acciones, a las pizarras de Wall Street, aunque en realidad la que busca que entre al panel es la perteneciente al grupo Central Puerto. La firma eléctrica, inclusive, acaba de anunciar una inversión superior a los US$ 180 millones en el partido de Carmen de Patagones para el desarrollo de un parque eólico de 88,2 MW que tendrá 38 aerogeneradores, con una potencia de entre 80 y 140 megavatios, lo que lo convertirá en uno de los principales parques eólicos del país. También, bajo el nombre “CPRENOVABLES”, se presentó en la Ronda (1) del Programa RenovAr que lanzó el Ministerio de Energía con otro emprendimiento en la misma localidad del sur bonaerense, “La Castellanas”, de 99 MW. Pero además, ofertó 2 proyectos más: “Oconnor”, de 50 MW, en Río Negro y “Achiras”, de 48 MW, en provincia de Córdoba.
Las energías renovables tienen reservadas inversiones para la década que viene por US$15.000 millones, según destacó el subsecretario del área, Sebastián Kind, conspicuo consultor del sector hasta su designación, que entre sus clientes contaba a Sadesa. El resto se divide en: US$ 10.000 millones a la generación a través de represas hídricas; US$ 4.000 millones a la termoelectricidad; u$s 2.000 millones a energía nuclear; y US$ 5.000 millones a transmisión.
El funcionario precisó, al disertar en el panel “Energías Renovables” de la 13ra. Conferencia Anual de Moody’s, en el hotel Four Seasons, que “Argentina planifica una ampliación de la potencia de su sistema energético en el orden de los 20.000 megavatios para los próximos 10 años”. Y que “el 50% de esa cifra será desarrollo de energía térmica, nuclear e hídrica; y el otro 50% en renovables”.
Del interés que despierta este renglón de las energías renovables en un paisaje inanimado para las inversiones como el argentino de hoy da la pauta la oferta eólica, que superó el cupo que licitó Nación en un 578%: de los 600 MW que solicitó se entregaron sobres por 3.468 MW. Por su parte, la solar la excedió en un 945 %: se licitaron 300 MW y se entregaron ofertas por 2.834 MW. En lo que respecta a proyectos eólicos, sorprendió la cantidad de ofertas (17) que hubo en provincia de Buenos Aires (1.278 MW), que superó a la región del Comahue, conformada por las provincias de Río Negro y Neuquén (se presentaron 11 ofertas por 760 MW) y la Región Patagonia, constituida por Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se presentaron 15 ofertas por un total de 1.085 MW.
Uno de los pioneros en el desarrollo de la energía eólica ha sido Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA), que además de erigir proyectos en la Patagonia se expandió a Brasil, donde construyó 5 parques que la estatal Electrobras no canceló (US$ 770 millones), lo cual llevó a Wind Power Energía, subsidiaria de IMPSA, a convocatoria. El 30 de octubre del año pasado, el conglomerado mendocino entró oficialmente en default al no cumplir con el pago de US$ 20 millones de intereses de una serie de ON que vence en 2020 y corresponden a una emisión por US$ 390 millones realizada por WPE International Cooperatief U.A, brazo financiero de WPE, a su vez controlada por Venti, holding creado en enero de ese mismo año para unificar sus ingresos en pesos y reales y que tiene sede en Luxemburgo.
El holding entró en crisis ante la falta de liquidez disparada por deudas impagas que arrastra de grandes proyectos energéticos en Venezuela y Brasil. Ahora, y luego de negociaciones con un importante núcleo de acreedores mayoritarios logró la firma de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) para reorganizar su pasivo.
Los acreedores son: Corporación Andina de Fomento (CAF); el Eximbank y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); varias entidades bancarias oficiales como en Banco Nación y el Provincia. También en Superville; el Hipotecario; ICBC; HSBC; Galicia, además de bancos extranjeros como el Bradesco y grandes empresas del estilo de Usiminas; Microsoft; Telefónica; y hasta el Tesoro Nacional de Venezuela.
El convenio crea la figura de un fideicomiso que contendrá el 65% de las acciones a ser vendidas por IMPSA. Y se comprometió a pagar u$s 546 millones hasta 2031, ya que los acreedores perciben US$ 221 millones de deuda "sustentable nominal" con un bono "par", a cancelar en 15 años. Y otro tipo "discount" (a una tasa menor) de u$s 225 millones, más un pago adicional de US$ 100 millones.
Un punto importante que cobró actualidad es la cláusula que otorga a los acreedores el derecho a designar y remover a la mayoría del directorio que hoy preside Pescarmona, y les otorga mandato para contratar a un asesor financiero independiente que deberá liderar el proceso de venta de la mayoría del capital de IMPSA.
Acá es donde los caminos se tocan con Sadesa, en la que son socios de Caputo (23%), Carlos Miguens Bemberg, con el 33,9% de las acciones; Guillermo Reca, con el 22,5%; los Escasany, con el 13,6%; y los hermanos Ruete Aguirre, con el 7%.
Reca es, en la práctica, quien delinea y lleva adelante la estrategia en el negocio eléctrico.

Caputo, por su parte, participa todos los miércoles de las reuniones de directorio que el holding realiza en las oficinas de Central Puerto, en la costanera porteña.
Conocedor de la regulación del sector eléctrico y de su complejo escenario, impulsó la oferta que hicieron al Gobierno para ampliar el parque termoeléctrico mediante la construcción de un complejo con una potencia total de 1.812 megawatt (Mw) de potencia eléctrica que, en total, demandará una inversión cercana a los US$ 1.600 millones, según El Inversor Online.
La apuesta de Sadesa es ambiciosa: prevé la instalación de dos centrales de ciclo combinado de 906 Mw de potencia cada una en el puerto de Zárate. A su vez, prevé la construcción de un muelle para amarrar un barco regasificación de Gas Natural Licuado (LNG), con capacidad para procesar alrededor de 15 millones de metros cúbicos (MMm3/d) del fluido.
Sadesa, que además de Central Puerto, posee las centrales Piedra del Aguila, Centrales Térmicas de Mendoza y Ensenada, ya adquirió 2 turbinas de gas (TG) para una de las usinas y tiene pensado avanzar rápidamente con la compra de otras 2 si el Ejecutivo aprueba el proyecto. La meta es que la construcción de las dos plantas a ciclo abierto esté terminada a fines de 2017, según precisaron las fuentes consultadas. En esa primera etapa, la obra demandará una inversión de US$ 600 millones.
En total, Cammesa recibió ofertas para instalar 6.607 Mw de potencia eléctrica en el marco de la licitación lanzada por la empresa para ampliar el parque eléctrico en el corto plazo. Son 24 ofertas que generarían una inversión superior a los US$ 5.000 millones.
Caminos que se juntan
Pero volviendo a Pescarmona y a las vidas paralelas, no como las de Plutarco, si es que se encontraron, reapareció en estos días en Mendoza inaugurando la nueva planta para la fabricación de aerogeneradores de US$ 15 millones, la primera inversión que completa luego de dar el primer paso que la aleja del default. Tanto, que su propio fundador, Enrique Pescarmona, lo consideró como un hito del "renacimiento de IMPSA".
Cuando las noticias indican que se tuvo que quedar con el 35% de IMPSA por el concordato con los acreedores, principalmente el BID, y que el 65% pasó a un fideicomiso con potestad para transformar cuotas-parte en acciones, resulta que hace la presentación de la planta rehabilitada junto al gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao, quien dio el aval a un subsidio de $ 17,5 millones para el proyecto.
Antes destinada a desarrollos nucleares, la nueva planta de 1.000 m2 fue reciclada para fabricar componentes eólicos, un proceso discontinuado con el cierre de la antigua nave de la calle Ceretti, de Godoy Cruz, de donde salían palas para los aerogeneradores. Esta vez, la evolución es mayor: desarrolló la patente del modelo Unipower IWP100, fabricado con 80% de componentes hechos en Mendoza, y álaves importados de Dinamarca. Tiene capacidad para producir 150 máquinas por año de hasta 111 metros de diámetro.
En la alocución, el empresario contó cómo fue la reestructuración del pasivo de US$ 1.050 millones.
Pescarmona pudo ejercer de “profeta en su tierra”, precisamente, porque dejó de ser el dueño de IMPSA, se quedó con una parte porque es el que sabe de 'fierros', el fundador de una empresa de ingeniería que, como la provincial INVAP, no quería perderle pisada a la tecnología de punta. A lo largo de su trayectoria, se ve que las finanzas nunca han sido su fuerte y tuvo varias crisis, con clubes de bancos, convocatorias de acreedores, defaults, pero se las compuso siempre para sobrevivir.
Los que saben de números parecen haber tomado el control y constituidas oficinas fuera del alcance de la fábrica, en la provincia cuyana. Se manejan dentro del fideicomiso que tiene la mayoría porcentualmente y en el que se recorta una figura que, en cuanto se reforme la ley del mercado de capitales (en la que tiene fundamental protagonismo), podría dar el 'sorpasso' al paquete de Venti, que controla a Wind Power Energía, a la vez subsidiaria de IMPSA: Nicolás “Nicky” Caputo.
Las energías renovables le abren una enorme perspectiva a Sadesa, inclusive superior a la termoelectricidad donde descuella, con demanda asegurada, condiciones naturales inmejorables y precios que atraen a los inversores extranjeros.
El propio presidente de En él para la Argentina, Mauricio Bezzeccheri, lo afirmó en exclusiva con El Inversor Online durante el foro de Inversiones: que las ofertas en la licitación para instalar plantas de energías renovables, que recibió el Gobierno en marco del ‘RenovAR – Ronda 1’, tendrán un precio por Mw “del orden de US$ 70 u US$ 80 (por MWh) en los proyectos de energía eólica”.
Socio de Caputo en Edesur y a la vez con la central Costanera en su órbita, el titular de la compañía italiana aseguró que se atraviesa una etapa en la cual “el tema de la financiación y la infraestructura para este tipo de obras tiene una relevancia importante”, y comparó el desarrollo de las renovables en Argentina con antecedentes similares en la región.
“La experiencia que hemos tenido en mercados como Brasil o México siempre se han caracterizado por una complejidad importante en términos de disponibilidad de mano de obra, transporte y grúas para realizar los trabajos”, explicó. Además sostuvo que con “precios de US$50 por MWh, nosotros hemos ganado una licitación en Chile hace un mes y allí llevamos 4 ó 5 años de trabajo”.
La subsidiaria de IMPSA, Wind Power Energía, volverá a Brasil por la revancha, pero con espaldas financieras que Pescarmona no tenía.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

Solicito a V.S. evidenciar en esta denuncia el fallo de la Cámara Federal de La Plata declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción
Cuya resolución la dictó la Sala II de la Cámara Federal de la Plata que, por mayoría y con los votos de Leopoldo Schiffrin y Olga Calitri, declaró la imprescriptibilidad de los delitos contra el orden constitucional previstos en el párrafo quinto del artículo 36 de la Constitución Nacional.
              PETITORIO-.
a) Se tenga por constituido el domicilio, por  formulada la presente ampliación de denuncia y se continúe el trámite judicial correspondiente;

b) Se me autorice a constituirme como parte querellante de manera oportuna, en mi carácter de ciudadano argentino.
           
c) Se dispongan las medidas de prueba pertinente, pendiente, a investigar en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente a los presuntos involucrados, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la investigación.
  
            Tener presente lo expuesto y proveer de Conformidad, 
          
            SE AFIANZARA LA JUSTICIA.-







·         Expediente: CFP 15580/2016
·         Tipo: DENUNCIA
·         Motivo Asignación: SORTEO
·         Dependencia Asignada: JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
·         Denunciantes: MUSSA JUAN RICARDO - PASO POR PASO ARGENTINA -
·         Denunciados: FERNANDEZ DE KIRCHNER CRISTINA - DE VIDO JULIO - BARATTA ROBERTO - CAMERON DANIEL - MARTINEZ LEONE RICARDO - DE CASAS MARIO HUMBERTO - BEZZECCHERI MAURICIO - TORRES RICARDO A. - SERICANO RICARDO - GARADE JUAN - 

·         Delitos: ESTAFA - DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA - ASOCIACION ILICITA - ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) - DENEGACION DE AUXILIO - NOMBRAMIENTOS ILEGALES - INFRACCION ART 256 BIS - 1º PARRAFO - COHECHO ACTIVO - MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) - MALVERSACION CULPOSA 





FORMULA DENUNCIA – SOLICITO LA INTERVENCION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS – LA CONFISCACIÓN DE SUS BIENES.-
Señor Juez Federal: Dra. María Romilda Servini

                                        JUAN RICARDO MUSSA, por derecho propio y en nombres de todos los Argentinos y en representación como Presidente de la ONG, PASO POR PASO ARGENTINA, con domicilio real en la Av. Quintana 26 Piso 3º Dto. 7 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, asistido por el letrado que me patrocina, Dr. Rafael Daniel Ramón Coll  abogado inscripto al Tº 100 Fº 337, del C.P.A.C.F, y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB, de la C.A.B.A.

·         I.-PERSONERIA:

            Conforme acredito como Presidente  con el Acta de la Comisión Directiva de fecha 06.11.2012, de la “ONG, PASO POR PASO ARGENTINA”,  en el carácter de Presidente de la misma y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 43 de la Constitución Nacional estoy legitimado invocando el interés difuso en base a lo señalado por la Corte Suprema de la Nación, en el precedente, “…Provincia de San Luis contra la Nación” vengo a asumir su representación de todos los Argentinos, en estas actuaciones, con domicilio real en la Av. Quintana 26 Piso 3º Dto. 7, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, asistido por el  letrado que me patrocina, el Dr. 
Rafael Daniel Ramón Coll  abogado inscripto al Tº 100 Fº 337, del C.P.A.C.F y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Expediente: CFP 15.580/2016, ante V.S. me presento y respetuosamente digo:     
I.OBJETO.-
            Que vengo a interponer formal denuncia a fin de que investigue V.S. la posible comisión de los delitos configurativas de los delitos: Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Estafa, Lavado Dinero, Encubrimiento, así como también lo que V.S. considere de acuerdo a las pruebas colectadas, Negociaciones Incompatibles con la Función Pública, (art. 210,248,253, 265, 266 del Código Penal) DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA, Considerar a los Delitos aquí evidenciados COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, cometidos por las actuaciones de la Ex Presidente de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, del ex Ministro de Planificación  ahora Diputado Nacional Sr. Julio De Vido, el Ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Sr. Roberto Baratta, y los Funcionarios de responsabilidad,  Ing. DANIEL CAMERON, Secretario de Energía, al ex Titular del ENRE Sr. Ricardo Martínez Leone, al ex Titular del ENRE Sr.  Mario Humberto de Casas, a los Directores Responsables desde el año 2001 hasta hoy de la empresa COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A. (CAMMESA), CENTRAL PUERTO S.A., CENTRAL COSTANERA S.A.
ENDESA COSTANERA S.A, al Presidente de EDESUR S.A. Sr. MAURICIO BEZZECCHERI, domiciliado en la calle SAN JOSE 190 C.A.B.A., al Presidente de EDENOR S.A. Presidente RICARDO A. TORRES, domiciliado en la AV. LIBERTADOR 6363 C.A.B.A., al Sr. Ricardo Sericano, actual vocal del ENRE, trabajo en cargos gerenciales de Edenor durante el periodo 1992 hasta 2010, al Sr. Juan Garade fue director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (marzo 2001-mayo 2012) y antes de eso fue gerente de Planificación Económica de Edenor (octubre 1992-marzo 1998),  desde la asunción del Presidente Ing. Mauricio  Macri designo como funcionarios a decenas de ejecutivos de las principales empresas eléctricas del país, Directores Responsables de la Compañía de Energía Eléctricas y Otros, seré ante V.S., muy explicito y de acuerdo con la prueba que encontré violan los artículos que en adelante ilustro sobre los delitos denunciados (art. 172,174, 210, 248, 250 bis inc. 1, 253, 256 bis, 258, 258 bis, 261 y 262 del Código Penal), Lavado de Dinero, Encubrimiento, Asociación Ilícita, como así también  pueden complicar la vida institucional de la República y/o según determine V.S. las leyes que correspondan, todo esto se hace con la anuencia de los Funcionarios en esta denuncia donde los mismos en supuesto aumento de precios en los combustibles para beneficiar a un sector poderoso de la economía sin que haya dentro de las normas de administración del Estado nacional esta disposición de regalar recursos que son del Erario Público, lo grave que este hecho totalmente irregular agrava la situación económica de de todos los Argentinos.

II.-Hechos.-

A fin de dar precisión a la cuestión de hecho sobre la que girará la presente denuncia es que deberé puntualizar algunas cuestiones de suma relevancia y gravedad.
Todo empezó con este introito:

Desde la asunción del Presidente Ing. Mauricio Macri observo y pregunto cómo puede ser que haya designado como funcionarios al Sr. Ricardo Sericano, actual vocal del ENRE, trabajo en cargos gerenciales de Edenor durante el periodo 1992 hasta 2010, y al Sr. Juan Garade fue director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (marzo 2001-mayo 2012) y antes de eso fue gerente de Planificación Económica de Edenor (octubre 1992-marzo 1998) además de nominar a decenas de ejecutivos de las principales empresas eléctricas del país.


Los Subsidios Energéticos constituyen una estafa, como vera V.S. es muy difícil que el que administra al Estado entregue pagos a Privados, fuera del todo el sistema del control que obliga la administración pública, es una cosa imposible.

Ejemplo: “… José López llama por celular al Presidente de EDESUR S.A. le dice por favor, tengo muy buenas noticias, visíteme en el Ministerio y charlamos…empieza J.L. mire tengo para darle a cuenta, 162 millones de pesos y de acuerdo a lo que arreglo con Julio (De Vido) me debe traer 33 millones en efectivo, azorado el Presidente de la Compañía le dice que si era el 4 %, (Seis millones y pico) como puede ser, Julio me dijo eso, J.L., claro la emisión de contralores de obras no cumplidas por Usted pasa por muchas manos, dele no pierda tiempo, el Flaco no me dijo eso…!, nos vemos en 45 días porque Julio viaja a Venezuela y no está para estas pavadas, si cambia de parecer tráigame lo que corresponde y listo el libero la orden de pago”.

Como desearía decirles a los Señores tanto a Aranguren, como De Vido, aquí “…El muerto se asusta del degollado” leyendo esta reflexión del Ministro Aranguren al discernir de las “verdades” del ex ministro, pero la realidad es que las compañías aquí denunciadas han cobrado las tarifas plenas con la responsabilidad de mantener las obras consecuente con el desarrollo del consumo de los argentinos, cosa que nunca hicieron solo que se robaron todo y hoy de nuevo arrebatan con amenazas de no mantener el servicio, pero hoy ya ni se guardan las formas, tienen un vocero que nos dice que las tarifas son bajas, a pesar de los sueldos que perciben los trabajadores, ni más ni menos que el Presidente, que no se ajusta a derecho sus intervenciones beneficiando a los  empresarios en detrimento del Pueblo.
Reflexión del Ministro Aranguren en el Diario INFOBAE:
Sin cierto grado de sorpresa leí este último fin de semana una columna de opinión en el portal OETEC escrita por el Arq. Julio M. De Vido, ex ministro de Planificación, Inversión pública y Servicios de la Nación y responsable de la política energética del país durante los últimos 12 años, de la cual se hizo eco por las redes sociales la ex presidente de la República Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
En su artículo el ex ministro manifiesta que la política de subsidios a la electricidad "fue para los 40 millones de argentinos" y que los $ 90 mil millones en subsidios erogados por el estado nacional durante el año 2015 fueron a "subsidiar el precio mayorista que pagan por igual todas las distribuidoras del país" (negrita en el original). El ex ministro también indica que "las distribuidoras que en su mayoría son los gobiernos provinciales (sic)...se han apropiado de la renta que produjo tener un precio de energía mayorista subsidiado por el Estado Nacional y en lugar de trasladar el beneficio a los usuarios, fijaron tarifas de distribución exorbitantes para hacerse de esa renta extraordinaria". El Arq. De Vido menciona que el proceso de Convergencia Tarifaria firmado entre el Estado Nacional y las provincias fue una muestra de "Federalismo Inclusivo" al "reducir la disparidad en las tarifas de distribución cobradas por las provincias a cambio de obras", y que los subsidios a Edenor y Edesur por parte del estado nacional "permitieron aumentar el consumo de electricidad en el AMBA en un 60% destinando mayor cantidad de recursos para la inversión a través del fondo fiduciario FOCEDE".
Siguiendo expresas instrucciones del Presidente Macri de decir la verdad, a continuación voy a demostrar que las aseveraciones del Arq. De Vido son falaces y que fue precisamente la política que implementó el ex ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios la que nos llevó a la situación de cuasi colapso que vive actualmente el sector eléctrico en nuestro país.
En primer lugar, la aseveración de que la política de subsidios fue para los 40 millones de argentinos y que benefició por igual a todas las distribuidoras del país contradice normas dictadas por la propia Secretaría de Energía de la Nación durante el año 2012, Secretaría que estuvo durante toda la administración de los ex presidentes Kirchner bajo la órbita del ministro De Vido. En efecto, la Resolución SE 2016/2012 fijó los precios estacionales (con y sin subsidio) para las diferentes distribuidoras del país con diferencias de hasta el 146% entre dichos precios, por ejemplo 59.8 $/MWh para la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz (Mendoza) frente a 135.4 $/MWh para la Empresa Provincial de Energía de Córdoba ó 147.3 $/MWh para la cooperativa de Necochea. Semejantes diferencias en los precios de compra de la energía por parte de las distribuidoras no pueden explicarse ni por pérdidas en la red de transporte ni por diferencias en la composición de la demanda, fueron simplemente discriminatorias. Esta discriminación geográfica en los precios a su vez generó, y contrariamente a lo que afirma el exministro, enormes inequidades en el reparto de subsidios.
El gráfico siguiente ilustra estas inequidades. Asumiendo (como hace el ex ministro) un costo promedio de generación de 750 $/MWh para el año 2015 y los precios mayoristas por distribuidora indicados en la Res. SE 2016/2012, los subsidios por usuario residencial y comercial mostraron una enorme disparidad durante el año pasado. En efecto, un usuario residencial o comercial de EDESUR recibió el año pasado más de $3.500 en subsidios al precio mayorista de la electricidad mientras que el mismo usuario en Salta recibió sólo $1.200. Idénticas diferencias pueden observarse entre usuarios residenciales o comerciales de EDENOR ($3.100) o EDEMSA de Mendoza ($3.460) y EPEC de Córdoba ($1.705) ó la EPE de Santa Fe ($2.400). ¿Qué justificación económica pueden tener diferencias de más del 100% en los precios mayoristas de la electricidad en distribuidoras de provincias que son vecinas como Santiago del Estero con 65 $/MWh y Córdoba con 135.4 $/MWh? Ninguna por supuesto, sólo discriminación a favor de una y en detrimento de la otra.
El ex ministro sin embargo busca culpar a las distribuidoras provinciales por las diferencias tarifarias argumentado que fueron ellas las que se "apropiaron de la renta generada por los subsidios" aumentando las tarifas de distribución. Este es un argumento falaz por varios motivos. En primer lugar acabamos de demostrar diferencias en los precios mayoristas de la electricidad de más del 100% entre provincias, en segundo lugar las distribuidoras provinciales debieron aumentar sus tarifas de distribución a causa de la inflación de costos generada por la política económica del gobierno nacional, de hecho los aumentos tarifarios en el interior nunca llegaron a cubrir la inflación acumulada entre el 2003 y el 2015 estimada en más del 1000%. En tercer lugar, el proyecto de Convergencia Tarifaria que el ex ministro califica como de "federalismo inclusivo" no hizo sino agravar aún más el problema ya que el virtual congelamiento en las tarifas de distribución entre 2013 y fines del 2015 -estipulado en dicho acuerdo- empujó a muchas distribuidoras del interior a dejar de pagar la electricidad que compraban en el mercado mayorista como única vía para cubrir sus costos operativos. El acuerdo de "federalismo inclusivo" provocó el desfinanciamiento de las distribuidoras y el derrumbe en la recaudación de CAMMESA que, sumado a los cuantiosos subsidios a EDENOR y EDESUR ($10 mil millones en 2015 pagados por todos los argentinos), generaron el mayor déficit de la historia de CAMMESA alcanzando el récord de $ 100 mil millones durante el año 2015.
El ex ministro habla de las inversiones realizadas en las redes de distribución de EDENOR y EDESUR en los últimos años de su gestión pero olvida el alarmante deterioro en la calidad del servicio prestado por dichas compañías. Los índices que miden la frecuencia en las interrupciones del servicio (SAIFI) y la duración de dichas interrupciones (SAIDI) se incrementaron en un 120% y un 460% durante su gestión mostrando claramente el fracaso del modelo implementado llevando a la necesidad de utilizar unidades de generación móvil (UGM) a gasoil para evitar perjuicios aún mayores, pero a costa de un exorbitante costo marginal de generación eléctrica.
Por último, la política de subsidios indiscriminados llevada a cabo por el gobierno saliente lejos de ser equitativa fue discriminatoria no solamente hacia los usuarios del interior sino también hacia los sectores de menores ingresos. La Encuesta de Gasto de las Familias (EGF) realizada por el INDEC (intervenido por la anterior administración) en 2012 ilustra que los subsidios a la electricidad y al gas natural en particular beneficiaron en mucha mayor medida a los sectores de mayores ingresos ya que son estos los que hacen un uso más intensivo de dichos servicios, fundamentalmente el gas natural. Un hogar de bajo nivel de ingresos seguramente no tenga conexión a la red de gas natural y no posea ingresos suficientes para tener aire acondicionado central.
En síntesis, los subsidios a la electricidad no fueron para los 40 millones de argentinos, fueron discriminatorios favoreciendo a usuarios de ingresos medios y altos que viven en las grandes ciudades, fundamentalmente CABA y GBA.
La nueva política del sector viene a cambiar esto, eliminando los subsidios a EDENOR y EDESUR (que pagaban todos los argentinos con más impuestos e inflación), fortaleciendo la inversión y además apunta a una reducción gradual de los subsidios a la generación de electricidad enviando señales de precios que reflejen la real escasez del recurso pero al mismo tiempo premiando el ahorro energético y ayudando con una Tarifa Social a aquellos hogares que no puedan afrontar tarifas más alineadas con los costos de prestación del servicio.
Quiero agregarle a V.S. muchas de las modificaciones que en su mayoría fueron por decretos que al final son pergeñadas por algún taimado, como ser la Ley de Emergencia Económica N° 25.561, sancionada el 6 de Enero de 2002 dispuso pesificar las tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad de su valor original en pesos convertibles a dólares estadounidenses a pesos a un tipo de cambio de $1 por cada dólar; se revocaron todas las disposiciones relativas a ajustes de precio y los mecanismos de indexación previstos en los contratos vigentes. Al mismo tiempo la norma facultó al Poder Ejecutivo a realizar, en un plazo razonable, una renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos y de las tarifas correspondientes a tales servicios. Ello con el objeto de normalizar las prestaciones con tarifas que por un lado pudieran ser afrontadas por la población (fuertemente afectada por la devaluación) y por otro que las mismas fueran suficientes para permitir a las empresas funcionar y cumplir adecuadamente con las obligaciones establecidas en los contratos de concesión.
El mantenimiento de la “Emergencia Económica” mediante sucesivas prórrogas de la Ley 25561 y con ello el mantenimiento de la “anormalidad tarifaria”1 hasta el presente generó  problemas de significativa magnitud al Sector Energético.
En el marco de la Emergencia y de los congelamientos de precios dictados a su amparo, el Estado nacional debió hacerse cargo de los mayores costos de los productos energéticos que fue necesario importar –fueloil y gasoil y gas natural- para afrontar el crecimiento de la demanda interna, en un contexto en que la producción interna de gas natural y de petróleo se encontraban en disminución2.

La combinación de ingresos parcialmente congelados (tarifas) y costos empresarios crecientes – materiales, personal, ampliaciones- provocó un progresivo deterioro de su situación patrimonial y caída de los resultados.
El resultado fue una evidente caída del desempeño operativo y pérdida de liquidez, lo cual a su vez provocó que numerosas empresas pospusieran nuevas inversiones en sus redes, afectando de esa manera la calidad de los servicios.
Por último, a raíz de los reclamos administrativos y presentaciones judiciales de algunas de las empresas concesionarias con motivo de la demora en la implementación de los acuerdos de revisión tarifaria, el Estado nacional se vio obligado a reconocer y compensar a través de distintos mecanismos el incremento de costos de dichas empresas. Para ello se recurrió a muy complejos mecanismos institucionales que dificultaron el funcionamiento sectorial mezclando muchas veces las responsabilidades del concedente y el concesionario.


COMO SE INVENTARON LOS SUBSIDIOS ENERGETICOS.
En el marco de las normas internacionales vigentes, provenientes del Manual de Estadísticas Fiscales del FMI (2012), el concepto de subsidio se concentra exclusivamente en las transferencias para gastos corrientes que se realizan por el Presupuesto Nacional.
En este trabajo hemos abordado en forma separada las transferencias para gastos corrientes (subsidios) de las transferencias para gastos de capital y hemos utilizado la base de datos disponible en ASAP. En ambos casos el universo de análisis está circunscripto a las transferencias que realiza la Administración Pública Nacional (APN) para financiar gastos corrientes y/o de capital de empresas públicas y privadas, fondos fiduciarios y otros organismos del sector energético.
No están contemplados dentro de este universo los recursos asignados a través de los Fondos Fiduciarios, constituidos principalmente por recursos tributarios o tarifarios con afectación específica, a excepción de los aportes que éstos reciben del Tesoro Nacional.

PROYECCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS FECHORIAS.
La proporción de los Subsidios Energéticos en relación a ciertas variables presupuestarias (porcentaje sobre el total del gasto público; sobre el Producto Bruto Interno; sobre el déficit fiscal; etc.) adquirió con el transcurso del tiempo una magnitud considerable. Así, se puede comprobar que los subsidios económicos pasaron de representar el 0,4% del PBI en 2005 al 4,1% del PBI en 2015. Dentro de ese total la mayor parte de los mismos corresponde a Energía (de 0,2% del PBI en 2005 pasa a 2,9% del PBI en 2014)

La preponderancia de los subsidios energéticos frente al resto de los subsidios económicos, así como también como esa preponderancia se acentúa en el tiempo llegando en la actualidad a representar el 71,7% del total.

Los subsidios energéticos han incrementado en el período 2005- 2014 su importancia en el gasto primario nacional pasando de un valor del 2,1 % del total en 2005 a 16,9 % en 2014

En el contexto precedentemente descrito el fenómeno de los subsidios energéticos adquirió importancia macroeconómica; y sus efectos impactaron sobre toda la economía nacional.
Por el lado microeconómico, la existencia del congelamiento tarifario, y su correlato, la existencia de los subsidios, afectó a la economía energética: las empresas proveedoras de servicios públicos fueron sometidas a arbitrarios procedimientos de congelamiento tarifario en el contexto de una economía inflacionaria (con costos empresarios crecientes e ingresos congelados). Ello llevó a las compañías a la descapitalización, el deterioro patrimonial y la iliquidez.
En este contexto muchas empresas prefirieron retirarse del país aún vendiendo a pérdida las compañías. Otras prefirieron permanecer y esperar una recomposición de sus ingresos que les permitiera retornar a la normalidad legal y contractual, según lo prescripto en los marcos regulatorios y los respectivos contratos de concesión.
Los tiempos de la excepcionalidad, sin embargo, fueron más largos de lo previsible. La ley de Emergencia Económica 25561 sancionada el 6 de enero de 2002, bajo cuyas disposiciones se implementó un congelamiento transitorio de todas las tarifas de los servicios públicos, ha sido prorrogada en reiteradas oportunidades hasta el presente y la situación de transitoriedad se transformó.


D.- IMPACTO DE LOS SUBSIDIOS EN LOS USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGETICOS
La experiencia prueba que los congelamientos tarifarios iníciales, en algunos casos parcialmente modificados, produjeron varios impactos significativos sobre el universo de los consumidores de servicios públicos energéticos. Estos impactos se refieren a tres aspectos: a) las tarifas de los servicios públicos; b) la inequidad regional de las tarifas; y c) la disminución de la calidad de los servicios públicos energéticos.
Las tarifas de los servicios públicos congeladas en un contexto inflacionario como el que rigió desde 2002 hasta el presente se transformaron en un precio relativo atrasado o muy retrasado con respecto a otros precios de la economía.
Cuadro de texto: (kW.





La inequidad regional de las tarifas se produce debida a que en jurisdicción nacional se mantiene una política de congelamiento tarifario, y esa política no ha sido uniforme en las jurisdicciones provinciales. El resultado ha sido que los usuarios abastecidos por empresas reguladas por el Estado nacional como EDENOR o EDESUR) de la Región Metropolitana de Buenos Aires (que constituyen aproximadamente el 40% de los consumidores argentinos) reciban la energía eléctrica con tarifas de Electricidad muy inferiores a las que pagan los consumidores del interior. Los usuarios residenciales como los comerciales e industriales de Buenos Aires reciben tarifas que en todos los casos son muy inferiores a los de Mendoza EDEMSA); Córdoba (EPEC) y Santa Fe (EPESF) entre otros. Sin duda, ello constituye una injusticia manifiesta para con los consumidores del interior y una transferencia de ingresos desde las provincias hacia la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Bastante lo anterior, debe puntualizarse que la generación de electricidad se realiza en jurisdicción nacional; y por lo tanto la energía recibida por las empresas distribuidoras de todo el país tiene un precio uniforme para todo el país. Ese precio es también subsidiado y por lo tanto ese subsidio impacta o beneficia a todas las empresas por igual.
En el marco de los estudios realizados en torno a los subsidios energéticos se ha podido constatar con información oficial que la calidad de los servicios públicos en aquellas empresas sometidas a congelamiento o retraso tarifario parcial, como por ejemplo el servicio público de electricidad, se ha deteriorado en forma significativa en el período 2005-2014
Los Reclamos de los usuarios presentados al ENRE (2003-2012) han aumentado en forma significativa en los últimos años. A su vez, en función de la cantidad de reclamos, se puede concluir que la falta de suministro constituye el principal causante de los reclamos (promedió el 75% anual entre 2008 y 2012).En los últimos años, los reclamos por falta de suministro crecieron más que el resto (+145% en 2010 y 80% en 2012). En 2012, 9 de cada 10 reclamos fueron por falta de suministro.
LA INCOMENSURABLE MAGNITUD DE LOS SUBSIDIOS ENERGETICOS
Durante el período que abarca los años 2004 y 2014, los subsidios destinados al sector energético sumaron cerca de $ 679.000 millones de pesos corrientes.
En el año 2004 los Subsidios Energéticos, medidos como Transferencias para gastos corrientes, fueron de $1.543 millones, mientras que las transferencias para gastos de capital fueron ese año de $144,8 millones. En 2014 esos valores fueron de $217.098 millones para los Subsidios Energéticos y $64.435 millones para las Transferencias para gastos de capital.
Los subsidios energéticos se canalizan principalmente de CAMMESA, que entre otros fines tienen a su cargo, respectivamente, el subsidio a la generación de energía eléctrica (ya sea por medio de compensaciones a las generadoras, como mediante la compra de combustible).
Con una incidencia muy inferior, también se cuentan las transferencias a empresas productoras de gas derivadas del Programa de Inyección Excedente de Gas Natural (denominado “Plan Gas”) aprobado a comienzos del año 2013, destinado a incrementar la producción de este recurso mediante el otorgamiento de subsidios a las empresas que incrementen su producción por encima de un determinado umbral.
Se han realizado diversos estudios que indagan en la equidad de los subsidios energéticos.

Electricidad
En enero de 1992, el Congreso de la Nación aprobó bajo la Ley N° 24.065, el Marco Regulatorio Eléctrico, que estableció los lineamientos para la reestructuración y privatización del sector eléctrico. Esta ley creó del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y otras autoridades del sector, la administración del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la fijación de precios en el mercado spot, determinación de tarifas en negocios regulados y la evaluación de activos a ser privatizados.

Por medio de esta ley, que no ha sido derogada y que establece el marco para la regulación del sector eléctrico desde su privatización, se diferenció la generación, el transporte y la distribución de electricidad como actividades comerciales distintas y se determinó la normativa aplicable a cada una de dichas actividades. La generación tiene lugar en un mercado mayormente competitivo, donde las empresas explotan plantas de generación de electricidad y venden su producción en el mercado mayorista, operado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).
Al 31 de diciembre de 2012, la capacidad instalada de Argentina reportada por CAMMESA era de 31.100 MW, de los cuales el 61% correspondía a centrales termoeléctricas, el 35% a centrales hidroeléctricas y el 3,2% a centrales nucleares, mientras que menos del 1% era atribuible a fuentes renovables (eólica y fotovoltaica). Asimismo, a la misma fecha existían aproximadamente 58 empresas generadoras en el mercado eléctrico mayorista de Argentina. Desglosado por tipo de generación, los generadores argentinos incluyen 35 compañías de generación térmica, 20 compañías de generación hidroeléctrica, 2 compañías binacionales de generación hidroeléctrica (Yaciretá y Salto Grande), y una compañía nacional de generación nuclear, Nucleoeléctrica S.A. – NASA (Centrales Atucha I y Embalse).
Por otra parte, al constituir servicios públicos que se prestan en condiciones de monopolio natural, el transporte y distribución de la electricidad son sectores regulados, donde los servicios se llevan a cabo a través de empresas concesionarias de acuerdo a lo dispuesto en los respectivos Contratos de Concesión, otorgados por el Poder Concedente.
Las empresas de transporte tienen una concesión para transportar energía eléctrica desde el punto de suministro mayorista de dicha energía hasta los distribuidores, estando sujetas al cumplimiento de estándares de seguridad y confiabilidad. Asimismo, son responsables de la operación y el mantenimiento de las redes, no así de la expansión del sistema. La actividad está subdividida en dos sistemas: el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión (a cargo de Transener), que opera a 500 kV y transporta energía eléctrica entre regiones, y el Sistema de Distribución Troncal (a cargo de las empresas Transcomahue, Transnoa, Transnea, Transpa, Transba y Distrocuyo9), que operan los sistemas Regionales de transmisión a 132/220 kV.
El sector de la Distribución está conformado en la actualidad por alrededor de 57 distribuidoras de energía eléctrica: las Distribuidoras EDENOR y EDESUR en el área metropolitana AMBA, empresas públicas provinciales; empresas privadas y cooperativas.
Cabe señalar que mientras las tarifas minoristas para las primeras dos empresas (EDENOR, EDESUR) pertenecen a la jurisdicción nacional y están reguladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Esta situación explica la fuerte disparidad de las tarifas de distribución vigentes para el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires respecto de las vigentes en el resto del país, lo cual deviene fundamentalmente de la ausencia de revisiones tarifarias en el área regulada por el ENRE, que ha mantenido la tarifa en valores fuertemente distorsionados y desactualizados respecto a los que hubieran resultado de aplicar los mecanismos previstos de Revisión Tarifaria Integral (RTI) en los plazos y con los mecanismos previstos en la ley 24.065.
No obstante, es importante aclarar que las diferencias en los valores tarifarios entre las diversas empresas distribuidoras en el territorio nacional no se deben a divergencias en el valor de la energía consumida, ya que la energía es suministrada por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) siendo el precio de la misma único para todo el país10.
Las diferencias de los precios vigentes entre las distribuidoras son debidas fundamentalmente a la diferencia en los márgenes de distribución de cada empresa distribuidora. En efecto, la ausencia de revisión tarifaria para las distribuidoras del AMBA ha provocado una fuerte descapitalización de estas empresas durante los últimos años. Esta situación ha sido atendida recientemente por una serie de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional que, si bien no se traducen en un aumento de tarifas, significan un aumento transitorio de ingresos para dichas empresas (a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral), que es cubierto mediante transferencias de CAMMESA con fondos del Tesoro Nacional, lo cual implica un subsidio a los usuarios del área de Concesión de las Compañías.
Como se explicó en la introducción de esta sección, la administración del Mercado Eléctrico  Mayorista  está  a  cargo  de   CAMMESA.  Inicialmente,  la      empresa

Las diferencias entre el precio pagado por la energía consumida en cada región solo refleja costos diferenciales de transporte siendo el valor de la energía el mismo para cada horario.


Sancionaba para los generadores un precio de venta de la energía determinado hora a hora en base al costo de generación (precio spot) y determinaba semestralmente el precio que pagaban los distribuidores (precio estacional). La brecha que surgía entre el precio spot y el estacional era cubierta por un Fondo de Estabilización administrado por CAMMESA, el cual cerraba durante los primeros años con un pequeño saldo positivo.
Los ajustes estacionales se fueron abandonando a partir de 2002, al congelar el precio estacional y las tarifas de la electricidad, pero con costos de producción en aumento. Sobrevenida la crisis, la Ley N° 25.561 de Emergencia Económica dispuso la pesificación de las tarifas de los servicios públicos a su valor original en pesos y dejó sin efecto las cláusulas de ajuste, en tanto que todos los precios regulados del mercado eléctrico (precios estacionales, costos variables de producción, pagos de potencia y energía) fueron pesificados por medio de la Resolución SE N° 2/02.
En este contexto, mediante Resolución SE N° 240/03 se estableció que para determinar el precio spot de la electricidad se asuma el costo de producción de las usinas térmicas como si únicamente fueran alimentadas a gas natural, aunque en realidad consumieran combustibles líquidos (fueloil y gasoil), cuyo costo es mayor. A partir de entonces, las diferencias económicas entre los costos reales y los que podían solventarse con los precios reconocidos pasaron a ser cubiertas bajo el concepto de “Sobrecostos transitorios de despacho”.
A medida que la disparidad precios/costos fue aumentando, el sistema comenzó a requerir financiamiento externo, bajo la forma de transferencias por parte del Tesoro. Particularmente, a partir del año 2006 se produjo un fuerte incremento de costos, principalmente como consecuencia de las restricciones en la disponibilidad de gas natural local para la generación eléctrica, lo cual obligó a reemplazarlo por combustibles líquidos, fenómeno que se vio agravado por el aumento del precio internacional de dichos combustibles. Esta situación ocasionó que se ampliara significativamente la brecha precios/costos del sistema, requiriéndose aún más financiamiento externo. Ese diferencial de precios determina el monto del subsidio a la generación eléctrica expresado en la factura, que es afrontado mediante las transferencias del Tesoro a CAMMESA. Actualmente, dicho diferencial ha alcanzado su máximo nivel, siendo que en 2014 el precio monómico promedio del mercado  spot (representativo de los    costos


Reales de generación eléctrica) fue 5,8 veces el precio promedio sancionado (que paga cerca del 80% de la demanda).
Más allá del subsidio a la generación eléctrica, existe una serie de compensaciones al sector eléctrico que no se consignan explícitamente en la factura que abona el usuario (el importe que surge de la factura corresponde al subsidio a la generación, y es informado en todas las facturas de las distribuidoras, tanto las del AMBA como las del resto del país).
En primer lugar, en el marco de distintos acuerdos firmados con Transener y Transba destinados a regularizar la situación tarifaria, el gobierno se comprometió, mediante el otorgamiento de préstamos de CAMMESA, a reconocer los créditos adeudados a estas empresas en concepto de los mayores costos operativos que incurrieron desde la firma de las respectivas Actas Acuerdo con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), en el año 2005.
En segundo lugar, ante la demora en la implementación de la revisión tarifaria integral prevista en los acuerdos firmados con las compañías distribuidoras del AMBA, el gobierno se vio obligado, mediante distintos mecanismos, a compensar parcialmente las sumas adeudadas a dichas compañías como resultado de la aplicación del mecanismo de monitoreo de costos (MMC) previsto en los acuerdos mencionados. Esto significa que, en parte, la falta de actualización de los márgenes de distribución del AMBA, que prácticamente se han mantenido en los niveles vigentes a la fecha de sanción de la Ley de Emergencia Económica, está siendo compensada en forma creciente mediante subsidios. Como se comentó precedentemente, dado que en el resto del país los márgenes de distribución se han ido ajustando, esta situación genera una fuerte disparidad de tarifas entre las distintas zonas del país, lo cual a su vez esconde una profunda inequidad territorial en la asignación de subsidios.
Conclusiones

Como vera V.S. todas las partidas de gasto del Presupuesto Nacional, se hacen entre el Estado y particulares, supuestamente destinadas a financiar los subsidios al consumo de energía de energía eléctrica registraron un crecimiento inaudito durante los últimos diez años. A nivel histórico, ninguna partida presupuestaría se ha incrementado en la forma en que lo han hecho los subsidios energéticos en la última década: multiplicándose 110 veces entre 2004 y 2014 (de $1.157 millones a $128.000 millones). La magnitud que alcanzaron los subsidios energéticos se manifiesta en que representaron el 2,9% del PIB en 2014, superaron en un 14% el déficit primario de 2014 y alcanzaron el 67% del déficit financiero de la Administración Pública Nacional (APN). Para ponerlos en contexto, el Estado destinó a subsidiar la energía tres veces y media más dinero que al conjunto de las universidades nacionales y casi seis veces más que a la asignación universal por hijo.
En el trabajo se ha demostrado que los subsidios al consumo de electricidad y gas natural, a diferencia de los destinados al gas envasado en garrafas o cilindros, se concentran más en los decirles de ingreso medios-altos y altos.
Se ha demostrado también que el actual esquema de subsidios es profundamente inequitativo a nivel regional y provincial, lo cual se debe a la ausencia de revisión tarifaria en los márgenes de distribución del servicio de electricidad en el área de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (que concentran el 40% de la demanda), cuyas distribuidoras actualmente son compensadas con recursos del Tesoro Nacional.
Por lo tanto, mantener la política de subsidios energéticos vigente durante la última década no mejora la distribución del ingreso, como sí lo ha hecho la política de subsidios al transporte público, y genera fuertes inequidades territoriales.
Por otra parte, la demora en la implementación de los acuerdos de revisión tarifaria acordados con las compañías concesionarias provocó un profundo deterioro en la situación patrimonial y financiera de las empresas, tanto en el segmento del transporte como en el de la distribución, más marcado aún en el caso del servicio eléctrico (especialmente en el caso de las distribuidoras del

AMBA, que prácticamente no han actualizado sus tarifas). Esta situación sólo ha sido atendida recientemente mediante medidas puntuales y transitorias destinadas a paliar la situación crítica de algunas compañías mediante el otorgamiento de asistencia financiera y compensaciones “a cuenta” de dicha revisión tarifaria, incrementando aún más la masa de subsidios financiados por el Presupuesto Nacional. En paralelo, se ha constatado que la calidad de los servicios públicos en aquellas empresas sometidas a congelamiento o retraso tarifario parcial se ha deteriorado en forma significativa, por los desincentivos a la inversión privada en el sector.
Resumiendo con todo el dinero aportado por el Estado Nacional, alcanza para cambiar toda la estructura energética del país.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

Solicito a V.S. evidenciar en esta denuncia el fallo de la Cámara Federal de La Plata declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción
Cuya resolución la dictó la Sala II de la Cámara Federal de la Plata que, por mayoría y con los votos de Leopoldo Schiffrin y Olga Calitri, declaró la imprescriptibilidad de los delitos contra el orden constitucional previstos en el párrafo quinto del artículo 36 de la Constitución Nacional.
               PETITORIO-.
a) Se tenga por constituido el domicilio, por  formulada la presente denuncia y se inicie el trámite judicial correspondiente;

b) Se me autorice a constituirme como parte querellante de manera oportuna, en mi carácter de ciudadano argentino.
           
c) Se dispongan las medidas de prueba pertinente, pendiente, a investigar en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente a los presuntos involucrados, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la investigación.
  
            Tener presente lo expuesto y proveer de Conformidad, 
          
            SE AFIANZARA LA JUSTICIA.-