miércoles, 28 de septiembre de 2016

Dr. Ercolini, Haga Justicia, el Plan Argentina sonrié es para Llorar, Que Se Pudrán en la Cárcel

@mariuvidal @mauriciomacri @JR_MUSSA 
@marquitospena @alfonsopratgay : @JorgeTriaca

El maquiavelico Plan Argentina Sonríe es para ponerse a llorar




FORMULA DENUNCIA.–

Señor Juez Federal:  Dr. Julian Daniel Ercolini

                 JUAN RICARDO MUSSA, por derecho propio y en nombres de todos los Argentinos y en representación como Presidente de la ONG, PASO POR PASO ARGENTINA, con domicilio real en la Av. Quintana 26 Piso 3º Dto. 7 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, asistido por el letrado que me patrocina, Dr. Rafael Daniel Ramón Coll  abogado inscripto al Tº 100 Fº 337, del C.P.A.C.F domicilio electrónico rafaeldanielcollpanico@yahoo.com.ar 20-10724113-3  celular 15-5488-8443, y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB, de esta Ciudad.
   
I.-PERSONERIA:
            Conforme acredito como Presidente  con el Acta de la Comisión Directiva de fecha 08.11.2014, de La “ONG, PASO POR PASO ARGENTINA”,  en el carácter de Presidente de la misma y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 43 de la Constitución Nacional estoy legitimado invocando el interés difuso en base a lo señalado por la Corte Suprema de la Nación, en el precedente, “…Provincia de San Luis contra la Nación” vengo a asumir su representación de todos los Argentinos, en estas actuaciones, asistido por el  letrado que me patrocina, el 
Dr. Rafael Daniel Ramón Coll  abogado inscripto al Tº 100 Fº 337, del C.P.A.C.F domicilio electrónico rafaeldanielcollpanico@yahoo.com.ar 20-10724113-3  celular 15-5488-8443 y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la causa Nº CFP 13.722
/2016 a V.S. me presento y respetuosamente digo:      

II.- OBJETO: Que vengo a formular la presente denuncia a fin de que se continúe investigando V.S. la posible comisión de los delitos configurativas de los delitos: Violación del Art. 33 de la C.N. Delitos contra la Salud, Coacción, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Lavado Dinero, Asociación Ilícita, Encubrimiento, Cohecho, (Coimas o Retornos) Extorsión, Enriquecimiento Ilícito, así como también lo que V.S. considere de acuerdo a las pruebas colectadas, Negociaciones Incompatibles con la Función Pública(art. 168, 172, 174, 210, 248, 253, 265, 266, 292, 293, 305 y 306 del Código PenalNación por las actuaciones de la Ex Presidente de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, el Diputado Nacional Máximo Kirchner, la Gobernadora de la Provincia de santa Cruz Sra. Alicia Kirchner, el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gustavo Gollan, la ex coordinadora del Programa Argentina Sonríe, la Dra. Rocío García,  los Rectores (Que estuvieron en funciones durante el saqueo que perpetraron con este método delictivo) de las Universidades Nacionales del Chaco, Entre Ríos, San Martín y la UTN de Río Gallegosel Diputado Nacional Carlos Castagneto, Ex Funcionario del Ministerio Jorge Lemus, Rolando y Agustín Nervi, Sebastián Rivas, Carlos Villar otros.

III – HECHOS-.

                        A fin de dar precisión a la cuestión de hecho sobre la que girará la presente denuncia es que deberé puntualizar algunas cuestiones de suma relevancia.
Consternado le explico a V.S. que he formulado interconsultas con Legos en la materia Penal, he recorrido fallos, distintos importantes opinadores Penalistas como Donna, Soler que explican algo así: “…A la valoración objetiva como “aquel juicio valorativo que lleva a afirmar la existencia de una acción ilícita. Es decir que es un juicio objetivo de comparación, en el que se aprecia el hecho independientemente del motivo subjetivo de su autor, de las condiciones internas del mismo: de su culpabilidad y de su imputabilidad”.

Adonde quiero ir V.S. he conversado con los Profesionales que fueron invitados a trabajar en este proyecto llamado ”Aargentina Sonríe, plan nacional de salud bucal gratuito” así se expresaron:


Las Doctoras Fernanda Panedille, Ernestina Cabrales, Susana Viola, otras 6 personas que por temor, solo están dispuestos a declarar ante V.S. como testigos reservados cuándo lo disponga, 

“…Los 50 camiones, unidades móviles, cuyos valores de compra fueron superiores a los de mercado en un 70 % se encuentran en el depósito del Ministerio de Salud ubicado en la Av. Suarez de C.A.B.A. a excepción de seis que aún están en Santa Cruz y uno en Entre Ríos, los equipos CAD CAM para prótesis fija, de un valor aprox. de €140 c/u fueron facturados a diferentes universidades. Los insumos cuyos valores son varias veces millonarias están en el mismo depósito algunos llegando a su fecha de vencimiento sin que se les de utilidad alguna.
Solo se realizaron 13 viajes, el tortuoso instruyéndolos que nada debián comentar a sus parientes o amigos (La Gestapo) en el recambio de personal necesario Para realizar las actividades. Se atendieron cerca de 10000 pacientes y se entregaron alrededor de 41.500 prótesis (Entre fijas y removibles, de mala calidad) y en forma gratuita. No existió ni existe en la actualidad un programa donde los Profesionales son obligados a destruir las dentaduras de sus Ciudadanos a nivel mundial que se compare con este crimen.
Hay que tener en cuenta V.S. que se desarrollo durante un año y se dilapidaron más de $ 170.000.000,- en esto no está incluido el pago de los camiones, solo 70 Profesionales llegaron a trabajar muchos de ellos como los que hoy los presento como testigos, abandonaron porque era una carnicería lo que se hacía con los pacientes, tratado como animales y que como todo requeriría del paso del tiempo para ajustar detalles de funcionamiento de esta máquina delictual.

Yo personalmente participe en todos los operativos desplegados y doy fe de la labor que llevamos a cabo todos los profesionales que allí participamos.
Resulta agraviante que se trate de forma tan liviana este tema sólo por injuriar (con o sin razón) al gobierno anterior.
Como a todo se le podrán encontrar muchos defectos y se le podrán objetar muchos puntos a este programa pero es innegable la tarea llevada a cabo y la importancia de la misma.
Si la labor de los medios de comunicación es informar debieran hacerlo como corresponde, de la manera más objetiva posible, cosa que no se vio reflejada ni en lo más remoto a través de este informe.
El Sr. Sebastián Rivas lo conocí en el móvil, la estrategia era que vayan cambiando a la gente para que mañana no fueran testigos de la verdadera maniobra delictiva que están cometiendo. 
Si se atendía a la gente, mucha gente por día, si se le entregaban las prótesis, pero era prótesis peores que las del P.A.M.I. me contaron que al principio de este programa lo único que les importaba era hacer numero... que la orden por semana un numero enorme de prótesis , solo importaba hacer ese número , y si tenían que sacar piezas dentarias que podrían ser arregladas, las sacaban para hacer prótesis..... y q luego no seguían el control de cada paciente.... eso me choco mucho..... y me lo conto Carlos villar el coordinador del programa ... q es sobrino de un tal villar que no se qué papel tiene el tío en el ministerio.... ese Carlos villar es de Mendoza y es el más chanta de todos , supuestamente yo fui a hacer el curso del sistema CAD Cam , es una máquina para realizar coronas de porcelanas , como las impresoras 3d, salen fortunas, que es la supuesta maquina que compraron para cada mil, que luego fueron donadas a la facultad.... el curso fue truchisimo. aprendí prácticamente sola... Carlos en quince días solo se sentó dos días conmigo a enseñarme y nunca me dieron certificado.... 
tengo amigas que se quedaron sin trabajo... de un día para el otro.... a mí me ofrecieron pero no quise porque tenía que dejar mi vida prácticamente, si era un número importante para mí,,, si iba a rio gallegos me pagarían $2000 por día... eran quince días ir... quince volver a mi hogar. y así sucesivamente. pero tardaban muchos meses en pagarte, todos renegaban con eso.... 
Y había muchos acomodados, eso estoy segura. 
Me dijeron que mucha gente estaba sobre facturada, pero no me quisieron dar nombres por eso supongo q había acomodados. se q este Carlos villar tiene denuncias, y también Matías odontólogo que no recuerdo el apellido . 
Sinceramente podría hablar de muchas cosas más. que no se me vienen a la cabeza ahora, le entrego esto hoy por qué me pidió para esta noche. pero me tengo que ir !!! mañana le prometo buscar más información!!!!!!”. 

Se trata del programa Argentina Sonríe, en el manejo de fondos millonarios en manos de los organizadores de los imputados en la presente denuncia.
Como se comprobara ante V.S. los aberrantes hechos que no eran reparar baches de una calles, se trata de la salud de la Gente en artera, premeditada, con alevosía y con una fragante asociación ilícita se encamino este detestable programa “Argentina Sonríe” cuya ejecutora y jefa de la banda es la Sra. Cristina Kirchner, este  macabro plan fue lanzado en diciembre de 2014, la cara visible del plan bucal a 3.000 kilómetros de la Capital Federal cuya coordinadora la despreciable Rocío García su nuera, esto que digo V.S. no es antojadizo, requisaba los camiones afectado al efecto, cuyo sumisión de todo el Personal que participaba era desde que subía al vehículo todos debían estar alineados , en silencio y nada se le podía decir a esta sujeta, a quien por decreto le creó una coordinación en Santa Cruz. Máximo Kirchner manejaba la caja del plan que demandó $ 176 millones.
La ex Presidenta que benefició a su nuera con un cargo de Coordinadora regional del Centro Articulador de Políticas Sanitarias, la puso al frente del organigrama político de Argentina Sonríe, un programa bucal que volcó en convenios con universidades que “No era afín al espíritu que se habían fundado la carrera de odontología, pero V.S. los participes de las mismas lo hacían para desviar fondos como autarticas justifican los gastos y se roba sin dejar huellas” son las universidades Nacional de Chaco, la de Entre Ríos, la de San Martín y la UTN de Río Gallegos.
Para este plan se compraron 50 unidades móviles con la mejor tecnología. “Nada fue hecho por licitación algo que correspondía por su monto, fueron compras tercerizadas o compras directas”, indicaron desde el Ministerio.
Peor aún “nunca se les hizo el service y la mayoría del tiempo estuvieron paradas en la base operativa”. Cinco días antes de dejar la Casa Rosada, se firmó un convenio “para que 30 de estos camiones se los quede Alicia Kirchner en Santa Cruz, esto se va revertir es algo que estamos analizando”, parte de estos camiones fueron adquiridos por intermedio Agustín Nervi, hermano de Rolando Nervi nombrado junto a Rocío García en el sur. 

IV: MEDIDAS DE PRUEBAS:
a).- Solicito a V.S. se cite a prestar declaración testimonial a todos los Profesionales que fueron contratados en el Programa Argentina Sonríe.
b).- Solicito a V.S. se cite a prestar declaración testimonial a todos los proveedores incluidos los que vendieron los 50 camiones y las modificaciones que le hicieron a esas unidades.
V.-PETITORIO-.
         a) Se tenga por constituido el domicilio, por  formulada la presente ampliación de denuncia y se continúe el trámite judicial correspondiente;

            b) Se me autorice a constituirme como parte querellante de manera oportuna, en mi carácter de ciudadano argentino.
            c) Se dispongan las medidas de prueba pertinente, pendiente, a investigar en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente a los presuntos involucrados, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la investigación.
  
            Tener presente lo expuesto y proveer de Conformidad. 
          
            SERA AFIANZARA LA JUSTICIA.-

domingo, 25 de septiembre de 2016

Dr. Ercolini, Ponga Presos a Todos, el Plan Argentina sonrié es para Llorar



El maquiavelico Plan Argentina Sonríe es para ponerse a llorar

































@mariuvidal @mauriciomacri @JR_MUSSA Sr. @marquitospena @alfonsopratgay : @JorgeTriaca


                                                                                         FORMULA DENUNCIA.–

Señor Juez Federal:  Dr. Julian Daniel Ercolini

                 JUAN RICARDO MUSSA, por derecho propio y en nombres de todos los Argentinos y en representación como Presidente de la ONG, PASO POR PASO ARGENTINA, con domicilio real en la Av. Quintana 26 Piso 3º Dto. 7 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, asistido por el letrado que me patrocina, Dr. Rafael Daniel Ramón Coll  abogado inscripto al Tº 100 Fº 337, del C.P.A.C.F domicilio electrónico rafaeldanielcollpanico@yahoo.com.ar 20-10724113-3  celular 15-5488-8443, y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB, de esta Ciudad.
   
I.-PERSONERIA:

            Conforme acredito como Presidente  con el Acta de la Comisión Directiva de fecha 08.11.2014, de La “ONG, PASO POR PASO ARGENTINA”,  en el carácter de Presidente de la misma y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 43 de la Constitución Nacional estoy legitimado invocando el interés difuso en base a lo señalado por la Corte Suprema de la Nación, en el precedente, “…Provincia de San Luis contra la Nación” vengo a asumir su representación de todos los Argentinos, en estas actuaciones, asistido por el  letrado que me patrocina, el
Dr. Rafael Daniel Ramón Coll  abogado inscripto al Tº 100 Fº 337, del C.P.A.C.F domicilio electrónico rafaeldanielcollpanico@yahoo.com.ar 20-10724113-3  celular 15-5488-8443 y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la causa Nº CFP 13.722
/2016 a V.S. me presento y respetuosamente digo:      

II.- OBJETO: Que vengo a formular la presente denuncia a fin de que se continúe investigando V.S. la posible comisión de los delitos configurativas de los delitos: Violación del Art. 33 de la C.N. Delitos contra la Salud, Coacción, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Lavado Dinero, Asociación Ilícita, Encubrimiento, Cohecho, (Coimas o Retornos) Extorsión, Enriquecimiento Ilícito, así como también lo que V.S. considere de acuerdo a las pruebas colectadas, Negociaciones Incompatibles con la Función Pública, (art. 168, 172, 174, 210, 248, 253, 265, 266, 292, 293, 305 y 306 del Código Penal) Nación por las actuaciones de la Ex Presidente de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, el Diputado Nacional Máximo Kirchner, la Gobernadora de la Provincia de santa Cruz Sra. Alicia Kirchner, el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gustavo Gollan, la ex coordinadora del Programa Argentina Sonríe, la Dra. Rocío García,  los Rectores (Que estuvieron en funciones durante el saqueo que perpetraron con este método delictivo) de las Universidades Nacionales del Chaco, Entre Ríos, San Martín y la UTN de Río Gallegos, el Diputado Nacional Carlos Castagneto, Ex Funcionario del Ministerio Jorge Lemus, Rolando y Agustín Nervi, Sebastián Rivas, Carlos Villar y otros.

III – HECHOS-.

                        A fin de dar precisión a la cuestión de hecho sobre la que girará la presente denuncia es que deberé puntualizar algunas cuestiones de suma relevancia.
Consternado le explico a V.S. que he formulado interconsultas con Legos en la materia Penal, he recorrido fallos, distintos importantes opinadores Penalistas como Donna, Soler que explican algo así: “…A la valoración objetiva como “aquel juicio valorativo que lleva a afirmar la existencia de una acción ilícita. Es decir que es un juicio objetivo de comparación, en el que se aprecia el hecho independientemente del motivo subjetivo de su autor, de las condiciones internas del mismo: de su culpabilidad y de su imputabilidad”.

Adonde quiero ir V.S. he conversado con los Profesionales que fueron invitados a trabajar en este proyecto llamado ”Aargentina Sonríe, plan nacional de salud bucal gratuito” así se expresaron:


Las Doctoras Fernanda Panedille, Ernestina Cabrales, Susana Viola, otras 6 personas que por temor, solo están dispuestos a declarar ante V.S. como testigos reservados cuándo lo disponga,

“…Los 50 camiones, unidades móviles, cuyos valores de compra fueron superiores a los de mercado en un 70 % se encuentran en el depósito del Ministerio de Salud ubicado en la Av. Suarez de C.A.B.A. a excepción de seis que aún están en Santa Cruz y uno en Entre Ríos, los equipos CAD CAM para prótesis fija, de un valor aprox. de €140 c/u fueron facturados a diferentes universidades. Los insumos cuyos valores son varias veces millonarias están en el mismo depósito algunos llegando a su fecha de vencimiento sin que se les de utilidad alguna.
Solo se realizaron 13 viajes, el tortuoso instruyéndolos que nada debián comentar a sus parientes o amigos (La Gestapo) en el recambio de personal necesario Para realizar las actividades. Se atendieron cerca de 10000 pacientes y se entregaron alrededor de 41.500 prótesis (Entre fijas y removibles, de mala calidad) y en forma gratuita. No existió ni existe en la actualidad un programa donde los Profesionales son obligados a destruir las dentaduras de sus Ciudadanos a nivel mundial que se compare con este crimen.
Hay que tener en cuenta V.S. que se desarrollo durante un año y se dilapidaron más de $ 170.000.000,- en esto no está incluido el pago de los camiones, solo 70 Profesionales llegaron a trabajar muchos de ellos como los que hoy los presento como testigos, abandonaron porque era una carnicería lo que se hacía con los pacientes, tratado como animales y que como todo requeriría del paso del tiempo para ajustar detalles de funcionamiento de esta máquina delictual.

Yo personalmente participe en todos los operativos desplegados y doy fe de la labor que llevamos a cabo todos los profesionales que allí participamos.
Resulta agraviante que se trate de forma tan liviana este tema sólo por injuriar (con o sin razón) al gobierno anterior.
Como a todo se le podrán encontrar muchos defectos y se le podrán objetar muchos puntos a este programa pero es innegable la tarea llevada a cabo y la importancia de la misma.
Si la labor de los medios de comunicación es informar debieran hacerlo como corresponde, de la manera más objetiva posible, cosa que no se vio reflejada ni en lo más remoto a través de este informe.
El Sr. Sebastián Rivas lo conocí en el móvil, la estrategia era que vayan cambiando a la gente para que mañana no fueran testigos de la verdadera maniobra delictiva que están cometiendo. 
Si se atendía a la gente, mucha gente por día, si se le entregaban las prótesis, pero era prótesis peores que las del P.A.M.I. me contaron que al principio de este programa lo único que les importaba era hacer numero... que la orden por semana un numero enorme de prótesis , solo importaba hacer ese número , y si tenían que sacar piezas dentarias que podrían ser arregladas, las sacaban para hacer prótesis..... y q luego no seguían el control de cada paciente.... eso me choco mucho..... y me lo conto Carlos villar el coordinador del programa ... q es sobrino de un tal villar que no se qué papel tiene el tío en el ministerio.... ese Carlos villar es de Mendoza y es el más chanta de todos , supuestamente yo fui a hacer el curso del sistema CAD Cam , es una máquina para realizar coronas de porcelanas , como las impresoras 3d, salen fortunas, que es la supuesta maquina que compraron para cada mil, que luego fueron donadas a la facultad.... el curso fue truchisimo. aprendí prácticamente sola... Carlos en quince días solo se sentó dos días conmigo a enseñarme y nunca me dieron certificado.... 
tengo amigas que se quedaron sin trabajo... de un día para el otro.... a mí me ofrecieron pero no quise porque tenía que dejar mi vida prácticamente, si era un número importante para mí,,, si iba a rio gallegos me pagarían $2000 por día... eran quince días ir... quince volver a mi hogar. y así sucesivamente. pero tardaban muchos meses en pagarte, todos renegaban con eso.... 
Y había muchos acomodados, eso estoy segura. 
Me dijeron que mucha gente estaba sobre facturada, pero no me quisieron dar nombres por eso supongo q había acomodados. se q este Carlos villar tiene denuncias, y también Matías odontólogo que no recuerdo el apellido . 
Sinceramente podría hablar de muchas cosas más. que no se me vienen a la cabeza ahora, le entrego esto hoy por qué me pidió para esta noche. pero me tengo que ir !!! mañana le prometo buscar más información!!!!!!”. 

Se trata del programa Argentina Sonríe, en el manejo de fondos millonarios en manos de los organizadores de los imputados en la presente denuncia.
Como se comprobara ante V.S. los aberrantes hechos que no eran reparar baches de una calles, se trata de la salud de la Gente en artera, premeditada, con alevosía y con una fragante asociación ilícita se encamino este detestable programa “Argentina Sonríe” cuya ejecutora y jefa de la banda es la Sra. Cristina Kirchner, este  macabro plan fue lanzado en diciembre de 2014, la cara visible del plan bucal a 3.000 kilómetros de la Capital Federal cuya coordinadora la despreciable Rocío García su nuera, esto que digo V.S. no es antojadizo, requisaba los camiones afectado al efecto, cuyo sumisión de todo el Personal que participaba era desde que subía al vehículo todos debían estar alineados , en silencio y nada se le podía decir a esta sujeta, a quien por decreto le creó una coordinación en Santa Cruz. Máximo Kirchner manejaba la caja del plan que demandó $ 176 millones.
La ex Presidenta que benefició a su nuera con un cargo de Coordinadora regional del Centro Articulador de Políticas Sanitarias, la puso al frente del organigrama político de Argentina Sonríe, un programa bucal que volcó en convenios con universidades que “No era afín al espíritu que se habían fundado la carrera de odontología, pero V.S. los participes de las mismas lo hacían para desviar fondos como autarticas justifican los gastos y se roba sin dejar huellas” son las universidades Nacional de Chaco, la de Entre Ríos, la de San Martín y la UTN de Río Gallegos.
Para este plan se compraron 50 unidades móviles con la mejor tecnología. “Nada fue hecho por licitación algo que correspondía por su monto, fueron compras tercerizadas o compras directas”, indicaron desde el Ministerio.
Peor aún “nunca se les hizo el service y la mayoría del tiempo estuvieron paradas en la base operativa”. Cinco días antes de dejar la Casa Rosada, se firmó un convenio “para que 30 de estos camiones se los quede Alicia Kirchner en Santa Cruz, esto se va revertir es algo que estamos analizando”, parte de estos camiones fueron adquiridos por intermedio Agustín Nervi, hermano de Rolando Nervi nombrado junto a Rocío García en el sur. 

IV: MEDIDAS DE PRUEBAS:
a).- Solicito a V.S. se cite a prestar declaración testimonial a todos los Profesionales que fueron contratados en el Programa Argentina Sonríe.
b).- Solicito a V.S. se cite a prestar declaración testimonial a todos los proveedores incluidos los que vendieron los 50 camiones y las modificaciones que le hicieron a esas unidades.
V.-PETITORIO-.
         a) Se tenga por constituido el domicilio, por  formulada la presente ampliación de denuncia y se continúe el trámite judicial correspondiente;

            b) Se me autorice a constituirme como parte querellante de manera oportuna, en mi carácter de ciudadano argentino.
            c) Se dispongan las medidas de prueba pertinente, pendiente, a investigar en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente a los presuntos involucrados, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la investigación.
  
            Tener presente lo expuesto y proveer de Conformidad. 
          
            SERA AFIANZARA LA JUSTICIA.-






sábado, 24 de septiembre de 2016

GOBERNADORA VIDAL, EL DR. MARCELO DRAGUI ME CONSIDERA UN VICTIMARIO.


Sra. Gobernadora María Eugenia Vidal, es correcto lograr esa Ley que Usted impulsa para defender a la víctima, pero debe llegar en ese espíritu que quién miente debe ir preso por 10 años, los victimarios deben ir preso desde que se los detuvo y las condenas no debe contemplar condicionales, tienen que ser de cumplimiento efectivo, la imputación a los menores debe ser desde los 8 años y con responsabilidades penales y civiles a los padres.







SOLICITA REVISION DE ARCHIVO DE I.P.P
SE DILIGENCIEN LAS PRUEBAS OFRECIDAS
FORMULA RESERVAS

Señor Fiscal General del Departamento Judicial de Quilmes

Dr. Marcelo Dragui

Hipólito Irigoyen 481 4º Piso Quilmes
Provincia de Buenos Aires
S/D
JUAN RICARDO MUSSA, DNI 4.705.745, por su propio derecho y en su carácter de particular damnificado (Art. 77 del C.P.P.B.A) asistido por la letrada que me patrocina, Dra. María Rosa Rubino, inscripta al To. XXI Fo. 358 del C.A.S.I., IVA responsable inscripta, .Legajo de la Caja de Previsión de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, domicilio procesal y electrónico mariarosarubino@gmail.com  (CUIT Nº 27-14587984-7), Celular 15-5660-7025, el Dr. Alejandro SÁNCHEZ KALBERMATTEN, constituyendo domicilio procesal y electrónico –cfr. Acordada 38/2013– (CUIT 20-17286906-9) (ASK ABOGADOS – T.E. 4815-9999 – Cel. 116 497-1111 - www.ask-abogados.com, constituyendo todos domicilio a los efectos procesales en la Av. Hipólito Irigoyen Nro. 508 Casillero Nº 342 de esta Ciudad, me presento en el Expediente Nº  PP-13-00-02-008272-10/00,  ante V.S. y respetuosamente digo:

1.       OBJETO
Que en mi carácter de víctima y particular ofendida por los delitos reiterados de los encartados vengo por medio del presente a procurar la REVISION del ARCHIVO propiciado en estos actuados por el Señor Agente Fiscal mediante resolutorio de fecha 30 de agosto de 2016 obrante a fs. 464 de la IPP en que me dirijo, ello con fulcro en las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se detallarán (Art. 83.8° del ritual penal provincial).
Por último y en atención a que de mantenerse el criterio decidido se afectarían de manera flagrantes derechos y garantías constitucionalmente tuteladas, formulo protesta casatoria y reserva del caso federal para ocurrir ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del Art. 14 de la Ley 48 y también para el supuesto de arbitrariedad.

 En su parte pertinente se transcribe a continuación lo previsto en la normativa que viabiliza esta presentación.

Capítulo VII. La víctima. Art. 83 (T.O Ley 12.059, Art. 9º): Derechos y facultades: Se garantizará a quienes aparezcan como víctimas los siguientes derechos y facultades: 1º) “… 8º) A procurar la revisión, ante el Fiscal de Cámara Departamental, de la desestimación de la denuncia o el archivo.

2.      FUNDAMENTOS

Mediante resolución de fecha  30 de agosto de 2016 obrante a fs. 460/461 vta.. la Señora Agente Fiscal Dra. Santoro a cargo de la instrucción de la I.P.P. del epígrafe y sus expedientes acumulados resolvió disponer el ARCHIVO de las actuaciones, aduciendo “… no contar con elementos o datos suficientes como para tener por acreditada la autoría responsable del hecho criminoso puesto en conocimiento”.
Agregó asimismo “…no disponer de elementos de cargo relevantes como para proseguir la investigación…”, disponiendo en consecuencia un temperamento provisional conforme lo dispone el Art. 268 in fine del C.P.P.B.A.
En sucinto racconto el representante de la vindicta pública entendió trunca la investigación, cuando ello no es cierto, lo que demostraré a continuación.

Entrando en los términos de la decisión arribada, pobres por cierto, advertimos con preocupación no solo que la providencia ha sido creada sin siquiera una prueba de respaldo -lo que la torna confusa y llena de inexactitudes-, sino también con el más mínimo sustento jurídico, lo que es realmente preocupante. En definitiva se ha recurrido a la aplicación de un <<cliché>> que es exactamente igual al de las restantes causas que se archivan en el ámbito de la Unidad Fiscal de Instrucción, lo que otorga suficiente motivación a esta presentación, máxime ante la copiosa prueba no valorada ni producida, conforme se dirá.

En efecto; disponer el ARCHIVO de una importante denuncia por los ilícitos en la presente actuación que son los de tentativa de homicidio (arts. 42 y 79 C.P.) en dos oportunidades, usurpación de propiedad (181 C.P.), daño (183 C.P.)  y robo en despoblado  (art. 167 del C.P.) y Asociación Ilícita (art. 210 bis C.P.). Todo ello con independencia de los que, surgiendo de la investigación a realizarse, o a raíz de las medidas que adopte el Superior, se adicionen, es un desatino que merece el mas severo reproche, máxime si los términos de la decisión resultan incongruentes con la realidad y exhiben claramente la intencionalidad del gestor de la misma de detraerse de la investigación que le cabía en virtud de la denuncia impetrada.

Es lamentable y nos agraviamos por ello, que se recurra a un cliché para eludir la investigación cuando la víctima acreditó sobradamente los extremos de su denuncia y ofreció en forma redundante prueba que los Agentes Fiscales, a pesar de la insistencia de esta parte, nunca siquiera evacuaron.

Realmente alarmante.

                   Las situaciones de ARCHIVO DE ACTUACIONES están previstas para circunstancias de absoluta oscuridad, hipótesis que no se da en la especie en tanto existen pruebas de toda índole lisa y llanamente ignoradas por los Señores Agentes Fiscales que actuaron en la presente causa.

Pues bien, como se observará nada JUSTIFICA los reiterados y apresurados ARCHIVOS de Todos los Fiscales que han participado en todos estas actuaciones sin un mínimo de investigación.

Dado que la Justicia esta precisamente al servicio de la comunidad, y el hecho que diera lugar a la denuncia es de suma gravedad, ya que se encontraba en juego la vida y la salud de un ciudadano, correspondía un poco de dedicación por parte de los Señores Agentes Fiscales intervinientes, quien lejos de llevar adelante alguna de las varias pruebas ofrecidas y reiteradas.
a).- Adjunto la presentación pretendiendo su desvinculación del presente expediente de marras el Sr. Javier Rolando Fernández con firma de Abogado, donde aclara que el no portaba el arma 9 mm. Sino el que me apuntaba cuándo casi me matan era Luis Del Vigo.

b).- Jonatán Knaper testigo vio que en el momento queme tiraban bloques de cemento los Policías que me debían custodiaban dejaban que me matará, cuya declaración misteriosamente desapareció de la Fiscalía Nº 7 porque en el mes de octubre del año pasado estaba en el expediente.
(Porque nunca se cumplió con nuestra solicitud por la citación de los testigos o los allanamientos donde esta implícito varios pedidos con propósitos concretos, la producción de la prueba comparativa de imágenes por parte de GENDARMERIA NACIONAL o POLICIA CIENTIFICA DE P.F.A, repartición esta ultima con mejor infraestructura técnica y científica que la bonaerense, la convocatoria de los propios imputados, quien tal vez podría haber confesado el hecho, etc.), habría optado, según parece, en dejar que el tiempo pase para luego disponer el ARCHIVO sorpresivo de la causa en forma subrepticia y hasta inocente, ya que era obvio que el particular damnificado denunciante iba a asumir esta enérgica postura a favor de la revisión, como no podía ser de otra forma.

Reprochable desde toda perspectiva, intentamos por este medio que la Fiscalía General Departamental “revea” lo expresado en su malograda resolución, y a la luz de las medidas de prueba postuladas como URGENTES, y REITERADAS MAS DE UNA VEZ, se disponga a concientizar la gravedad de lo que implica el archivo dispuesto, el cual por razones humanitarias, nos oponemos, sin que antes se verifiquen los extremos y circunstancias que dieran lugar a la denuncia y sus posteriores ampliaciones fruto de la conducta delictiva de los imputados.

Insisto que disponer el ARCHIVO de la causa, en las condiciones vistas, donde los imputados se jactan en delinquir con frondosa prueba de cargo en su contra, tales como fotográfica, fílmica, videos, etc., es lisa y llanamente, un acto criminal, siendo de exclusiva responsabilidad del Poder Judicial cualquier cuestión disvaliosa que pudiera derivar de la situación denunciada, y desoída por la Justicia a través de la Fiscalía interviniente que dispusiera el desquiciado archivo de estas actuaciones.

La inconsistencia del pronunciamiento cuya REVISION inmediata se pide es de una evidencia mayúscula para cualquier ser humano, ya que siguiendo el temperamento propiciado por la Fiscalía arribaremos a la conclusión que la misma coadyuva en la proliferación de este tipo de conductas, las cuales deja impune al dejarlas libradas a su suerte con archivos fundados en “palabras circulares” o “clichés” que verdaderamente indignan.

En consecuencia entendemos prematura y equivocada la decisión arribada, cuyo ejecutor no ha meritado debidamente las circunstancias ni ha sido consciente de sus consecuencias.

Resulta pueril entonces la justificación que se pretende realizar para viabilizar el pronunciamiento cuya nulidad absoluta se pide ante el Órgano Revisor.

Repito; el pedido de REVISION aquí impetrado contribuirá a que la Fiscalía General Departamental se introduzca en el tema, ya que hasta ahora solo se ha demostrado un conocimiento superficial de la situación, que resulta por otra parte, de mucha peligrosidad, ya que además de la vida de la particular damnificada, esta en juego la vida de su núcleo íntimo y familiar, que cualquier ser humano aspira a preservar.
El  Derecho Procesal, debe estar  necesariamente al servicio de la Administración de Justicia. Como lo debe estar el Ministerio Público Fiscal cuyo fin social es defender a la sociedad. Va de suyo que si  el fiscal no asume su rol, el juez  se ve privado de la razón de su existencia.
 Si el legislador no ha sabido investir a la Fiscalía de esta función, entonces tuvo que salir el pretor a subsanar esta deficiencia, bajo el control de constitucionalidad.
 Tanto los Señores legisladores como la comunidad abogadil, no debemos mirar para el costado ante el reclamo de la sociedad argentina. Es hora de ir por más, no terminar en una mera declaración sino en la aplicación efectiva y concreta de los postulados constitucionales de Derechos Humanos.
Que sea un compromiso y desafío personal de cada uno de los operadores jurídicos con los principios constitucionales y si fuera necesario no debería temblarnos la mano en denunciar a aquellos jueces que no cumplen con ella y esta es una tarea, también, de los colegios profesionales, ya hay un antecedente de esto en uno de los colegios de la Provincia de Buenos Aires.
Es hora que los auxiliares de la justicia nos comprometamos con  la seguridad jurídica que  convierte a un país en serio. “…Para ello es  necesario contar con la fortaleza  de nuestras convicciones y trabajando todos para el largo plazo, con un poderoso sentimiento de pertenencia, autoestima e identidad nacional” [Augusto Mario  Morello, “Necesidad de una cultura constitucional” Revista del CPACF junio 2002].
El atropello a los derechos  de primera generación, provoca más víctimas que las causadas por el terrorismo de estado, y conduce,  irremisiblemente, a la restricción o supresión de los derechos civiles y políticos. La protesta popular se enfrenta con la represión y la judicialización del conflicto social, para lo cual en algunos países se proyecta una legislación limitadora de las garantías del debido proceso.
En definitiva la providencia cuestionada carece de la imprescindible motivación y fundamentación eficaz cuya ausencia acarrea la nulidad, de allí que se peticione también dicha sanción procesal (Conf. CNCP, Sala III, c. “RUISÁNCHEZ LAURES ÁNGEL” del 21 de octubre de 1994, entre otros) en forma subsidiaria, en tanto resulta notoriamente ineficaz desde el momento que no proporciona ningún argumento ni razonamiento idóneo que conduzca a tan apresurada conclusión, repito, sin siquiera dictar una sola medida.

                   Pero aún hay más por decir: es sumamente agraviante que se pretenda cumplir con las “formas” por sobre su “fondo o sustancia”, como para sacarse una causa de encima.
Es deber inevitable del Ministerio Público y de los buenos Magistrados la necesidad imperiosa de investigar y no apelar a frases armadas, tales como “ARCHIVESE”, sin un mínimo esfuerzo racional de conocer la verdad y evitar la impunidad.

Tan solo un vocablo resulta suficiente para calificar el pronunciamiento cuya revisión se formula a través de este escrito.  Lamentable. Y lo digo con mucho dolor y respeto.
Y lo decimos de ese modo, y nos hacemos cargo por ello, por cuanto resulta insensato que en un caso como el que nos convoca,
 II. Calificación legal
Los ilícitos que existen en la presente son los de tentativa de homicidio (arts. 42 y 79 C.P.) en dos oportunidades, usurpación de propiedad (181 C.P.), daño (183 C.P.)  y robo en despoblado  (art. 167 del C.P.) y Asociación Ilícita (art. 210 bis C.P.). Todo ello con independencia de los que, surgiendo de la investigación a realizarse, o a raíz de las medidas que adopte el Superior, se adicionen, e impunemente por los hasta hoy beneficiados con la resolución en crisis, sea tratada con liviandad absoluta, falta de seriedad e irresponsabilidad y falta de previsión por las consecuencias que conllevaría para el firmante de ocurrir algo en la vida o en la salud de la particular damnificada denunciante o de cualquier integrante de su núcleo familiar.

El término “lamentable” apenas caricaturiza lo que es real, que es afianzar la impunidad, de allí que sea lisa y llanamente lamentable proviniendo de la misma Justicia, es decir, del Poder Judicial de la Nación.
Por otra parte observamos con preocupación que lo expresado para proceder de ese modo es absurdo, y carece de todo sentido. Son solo frases articuladas puestas a modos de argumento pero que si se las analiza en si mismas no dicen nada, y lo poco que dice, es lisa y llanamente ridículo.

De cierto nos hemos tomado el trabajo de relevar otras causas IPP de la misma UFI observando que todas las resoluciones de ARCHIVO son idénticas, lo que denota su armado mecánico e irracional.

¿Habrá sido en realidad dictada con relación a este expediente?

Por si así fuera requeriremos su inmediata REVISIÓN para que sea declarada nula de nulidad absoluta, y con la finalidad que se disponga una investigación, y si es seria, mejor todavía, ya que el denunciante y particular damnificado tiene derecho a una tutela jurisdiccional efectiva en caso de delitos como los pesquisados, donde se conoce al autor de la misma y existe abundante prueba.

Resulta “sugestivo” el archivo, y “sorpresiva” la nula investigación llevada a cabo para procederse de este inconsciente modo.

Es y resulta imperioso que quienes tienen a su cargo el análisis e investigación de un caso, cumplan con su remunerada tarea a favor de la sociedad que les paga.

El sistema que pregonan resoluciones como las que aquí cuestionamos severamente, funciona a insatisfacción de toda la sociedad, salvo de los profesionales que eligen defender con malas (o grises) artes a sus clientes.

El ARCHIVO en las condiciones vistas es un modo anómalo y perverso de terminar los procesos que atiende a uno de los valores que procura la administración de justicia: la certeza. No es un valor menor ni desdeñable. Pero es categórico que la certeza debe conjugarse con la justicia misma o algo que se le parezca. La sensación colectiva ante muchos expedientes que terminan sin tener un pronunciamiento cabal de un tribunal es de lógica defraudación, y pretender recurrir al archivo con alegadas argumentaciones inidóneas que no son eficaces para quitarse el expediente de encima, es mucho mas fraudulento aún y por no poder digerirlo lo evidenciamos para que se corrija el modo de obrar del funcionario que tuvo la ingeniosa idea de justificar su archivo en ello, poniendo en riesgo la vida del particular damnificado vilmente acosado por los enrostrados de autos, varios psicópatas sin límites, capaces de matar, una vez en el portón de mi propiedad y otra frente a la Fiscalía de Florencio Varela había Policías, Fiscales y Vecinos que se ocuparon de ahuyentar, mis videos en Youtube donde soy llevado en una ambulancia al nosocomio de Florencio Varela  como se ha acreditado sobradamente en autos.

Anhelamos que los procesos respeten los derechos constitucionales y la presunción de inocencia pero que terminen con sentencias “aparentes”, que simulen haber llevado a cabo lo que en realidad han ignorado. La verdad, o intentar arribar a la certeza.

Los jueces son omnipotentes en el actual sistema, pero su desprestigio ha crecido y muchos magistrados de nueva horneada, que suelen ser profesores de derecho, anhelan que su trabajo plasme los principios que enseñan en la facultad. También se encuentra sumamente devaluada la función de los Fiscales que integran el Ministerio Publico.
La ingrata sensación que deja esta causa, en cuanto dispone el archivo de una denuncia cuya IPP acollara otras numerosas IPP con la misma autoría recurriendo a un argumento controvertido y restrictivo, como lo es la nada misma, deja al descubierto la gravedad institucional de lo resuelto, que en lugar de investigar, tras varios meses de promovida las causas  dispone su archivo en forma imprudente y desatinada, vulnerando la esencial garantía constitucional del denunciante contemplada en el Art. 18 de la Constitución Nacional.

El titular de la UFI actuante tiene la responsabilidad cívica de investigar, procurar las pruebas, citar testigos y hacer sus interrogatorios, allanar, disponer el libramiento de oficios, sugerir las personas a acusar, etc., y no adueñarse de un monopolio en la investigación que incluso no utiliza en una muestra de desidia irresponsable.

Teniendo en consideración la amplitud de vuestras facultades en la etapa larvaria (instructoria) nos llama poderosamente la atención que se disponga lisa y llanamente no investigar, con el agravante de recurrirse a una falacia para justificar la ausencia de labor jurisdiccional.
El Estado entonces se traduce en un omiso servidor del ciudadano a través de unos de sus tres poderes, el Judicial, no brindando garantías a una ciudadana que trabaja y paga sus impuestos como es debido.
Tamañas facultades de la Fiscalía (o de quien efectuara o debió efectuar la instrucción) exigen, en un sistema republicano, una instancia de control para evitar abusos o negligencias de los fiscales. Y nosotros agregamos el Ciudadano, ya que parece que la victima del delito por el cual denuncia es el eslabón mas propicio para el contralor de un Ministerio Público autista o con falta de estímulos.

Tal como escribía Jorge Luis BORGES, el nombre es arquetipo de la cosa, y siguiendo esta línea mal podríamos llamar Fiscales o Jueces “de Instrucción” a quienes no cumplen con el rol que los califica, siendo mas preciso calificarlos “de garantías” o “de contralor” o algún otro mote similar que dé cuenta de cuál será el eje de sus funciones, siempre, claro está, que dichas funciones sean eficazmente cumplidas, circunstancia que como vimos no se da en la especie.

La justicia ha perdido independencia y libertad. Esta en crisis. Decisiones como las que dan origen a este pedido de revisión afianzan la impunidad y generan en la sociedad un clima de desconfianza.

 

Afirmado el rol que cabe a quien debe investigar, llámese Fiscal o Juez Instructor, es el turno de analizar las facultades recursivas que asisten al denunciante o pretenso querellante, debiendo reparar en que tradicionalmente el sistema de los recursos ha sido regulado como régimen bilateral [1] -en tanto la facultad de impugnar le es concedida tanto al imputado cuanto a los órganos de la acusación[2].
        
En la consideración del derecho al recurso para el particular damnificado el denunciante y pretenso querellante, dos (2) garantías de los Pactos esculpen en la solución del caso: la “tutela judicial efectiva” y la “doble instancia”.
Veamos:
1-                 “Tutela judicial efectiva”
El derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra previsto en el Art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto dispone que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención…” -norma que guarda correlato con el Art. 2.3.a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-; siendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-9, del 06.10.87, ha derivado este derecho de la obligación “a cargo de todo Estado Parte en la Convención de respetar los derechos y libertades garantizados en ella y garantizar su pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción (Art. 1.1. de la Convención)”.
También surge de su Art. 8.1, que prescribe que toda persona tiene “derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley… para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier carácter”, norma que encuentra su concordancia con el Art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Según señala Augusto Mario MORELLO, la tutela judicial efectiva tiene como contenido básico el de obtener de los órganos judiciales una respuesta (seria, plena -razonada-, cabalmente motivada) a las pretensiones planteadas, y no manifiestamente arbitraria ni irrazonable; explicando que se configura como garantía de que las pretensiones de las partes que intervienen en un proceso serán resueltas por los órganos judiciales con criterios jurídicos razonables[3].
Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Santillán” (Fallos 321:201) [4], sostuvo que el derecho que reconocen los arts. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es coincidente con el derecho a la jurisdicción, consagrado implícitamente en el Art. 18 CN, como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes.

Centrándonos en la materia recursiva, CAFFERATA NORES señala que, atendiendo a la garantía de tutela judicial efectiva, si la razón principal por la que el Estado debe perseguir el delito es la necesidad de cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, no parece sencillo admitir que los códigos procesales penales priven de la posibilidad de interponer recursos a la víctima constituida en el proceso como acusador[5].
En este sentido, el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia 27/85, del 26/2/85, ha señalado que: “El derecho a la tutela judicial efectiva y a la no indefensión exige que todas las partes del proceso penal tengan las mismas posibilidades de recurrir, y por lo tanto, tal garantía procesal ha de estar a disposición de todas las partes” [6]; criterio que doctrinariamente ha sido avalado por VÁZQUEZ SOTELO -quien considera como uno de los contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva el derecho a la utilización de los recursos [7]-, y que, de adverso, es negado por SOLÉ RIERA [8] -quedando en evidencia con ello lo polémico de la cuestión-.
Sentando posición, entiendo que si se asegura el acceso a la justicia mediante la garantía de la “tutela judicial” y se exige que ésta sea “efectiva”, mal podría negarse el derecho al recurso de la víctima que asume el rol de parte en el proceso penal -pues sin control sobre lo que se decida, tal “tutela judicial” lejos de ser efectiva, podría resultar meramente ilusoria-. Es esta la segunda conclusión a la que arribo.
2- Doble instancia:
El derecho a la doble instancia está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Art. 8.2, que prevé: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ... h) derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. También lo consagra el Art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, al disponer: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la ley”.
Mientras que un criterio restrictivo -apegado a la previsión de la citada norma del Pacto Internacional de Derechos Humanos-, podría llevar a concluir que la garantía de “doble instancia” sólo opera respecto de la sentencia que se dicte tras la etapa de debate; una interpretación amplia -basada en la redacción del Pacto de San José de Costa Rica-, permite afirmar que no sólo debe abarcar a la sentencia sino también a todos los “autos procesales importantes”.

Precisamente, este alcance le ha sido asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 17/94, “MAQUEDA”, caso 11.086 de Argentina, al afirmar “la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención no requiere necesariamente la apelación directa sino que requiere la disponibilidad de un recurso de revisión que al menos permita la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes…. Del mismo modo, en el informe 55/97La Tablada”, del 18/11/97, al señalar que el derecho previsto en el Art. 8.2. del Pacto de San José “requiere la disponibilidad de un recurso que al menos permita la revisión legal, por un tribunal superior… de todos los autos procesales importantes. Dicha revisión resulta especialmente relevante respecto a las resoluciones que puedan causar indefensión o daño irreparable por la sentencia definitiva…”.

Cabe indicar que este alcance; que en doctrina aparece discutido (por ej., lo avalan CAFFERATA NORES, BINDER, PASTOR, PALAZZI y Gabriela CÓRDOBA [9]; mientras que lo rechazan Palacio y Borinsky-Díaz [10]); habrá de ser estándar de aplicación para nuestro ordenamiento, teniendo en cuenta una vez más que la Corte Suprema de Justicia de la Nación -como ya se indicara-, ha afirmado que los pronunciamientos de los organismos internacionales sobre derechos humanos constituyen pautas de interpretación de las normas de los Pactos.

Consecuentemente, la garantía de “doble instancia” comprende no sólo a la sentencia definitiva, sino también a todos los “autos procesales importantes”. De este modo la disposición de ARCHIVO injustificado dispuesto en esta causa, por ser un acto procesal arbitrario e ilegitimo, que afecta los derechos y garantías de denunciante y pretenso querellante, poniéndolo en riesgo de vida, es revisable, y por ello se lo recurre en los términos y alcances de lo dispuesto en el art. 200 del  del C.P.P.B.A.
En consecuencia mi parte suscribe la tesitura que afirma que la “doble instancia” es una “garantía” y ellas se encuentran previstas a favor de los ciudadanos y no respecto de los órganos del Estado[11].
 La cuestión que resta dilucidar es si este derecho también ampara al querellante: Por la respuesta afirmativa, se pronuncian SAGÜÉS [12], D´Albora [13], CAFFERATA NORES [14] y BINDER [15].
A esta última corriente se suma la opinión de MAIER, quien estima que otorgar facultad recursiva al acusador (fiscal o querella) implicaría una burla a la garantía del ne bis in idem [16]. Claro que cabe destacar que la “doble instancia” para el acusador y la posible violación a la garantía que protege al imputado contra el “doble juzgamiento”, no necesariamente se excluyen entre sí[17].

Sentado ello, cabe precisar que en el campo jurisprudencial, la discusión de si la querella se encuentra amparada por la garantía de la “doble instancia” ya ha sido llevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión[18]. Si bien han llegado a su conocimiento varios casos, muchos de ellos fueron rechazados por cuestiones formales[19]; siendo que el primer caso que tuvo alguna relevancia fue la causa “VERBISTKY, Horacio y otros”, del 10/8/99 (Fallos 322-II, 1495), en la cual sólo se dijo que correspondía que la Casación abordara el tratamiento de la tacha de inconstitucionalidad de los arts. 458 y 460 del Código Procesal Penal de la Nación, sustentada en el derecho de acceso a un tribunal superior establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, al reclamar, en su carácter de víctima de un delito de acción privada igualdad de tratamiento con el imputado en el derecho de recurrir una sentencia adversa” [20].

Fue en la causa “MAINHARD, Edgar Walter”, del 27/9/01 (Fallos 324-II:3269), donde la Corte más ha avanzado sobre esta temática. Es que los jueces Vázquez, Fayt y Boggiano entraron en el fondo -considerando el primero aplicable la doble instancia para el querellante y por lo tanto entendiendo que la sentencia debía ser dejada sin efecto [21]-; mientras que, en sentido contrario, los dos ministros restantes en voto conjunto, lo consideraron no amparado por esta garantía, propiciando se confirme la sentencia [22]-. Mientras tanto, los jueces Nazareno, Moliné O´Connor, Belluscio, López, Petracchi y Bossert, consideraron aplicable al caso las previsiones del art. 280 del C.P.C.C.    
                 
En consecuencia estimo que la garantía de la “doble instancia” debe amparar al querellante. Ello de tener en cuenta la redacción laxa del Art. 8.2.h del Pacto de San José, la garantía de “tutela judicial efectiva” que protege a la víctima y la afirmación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la categorización del querellante como “derecho fundamental del ciudadano” en los regímenes estatales que lo consagran.

En síntesis, cabe apuntar que en base a las razones consignadas, pueden sostenerse las siguientes conclusiones:
        
1- Habiendo sido asignada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la categoría de “derecho fundamental del ciudadano” a la figura del querellante/particular damnificado para los regímenes procesales que, como el argentino, lo han consagrado en su legislación interna; su figura constituye -merced a los principios de progresividad, irreversibilidad e interacción entre derecho interno e internacional que campea en materia de Derechos Humanos- un nuevo y mejor estándar de garantía, que no resulta susceptible de ser revocado.
2- La potestad de interponer recursos por parte de la víctima constituida en  querellante en el proceso penal, constituye uno de los contenidos de la garantía a la “tutela judicial efectiva”, prevista en los Pactos de Derechos Humanos.
3- La garantía de “doble instancia” rige tanto para la sentencia definitiva como para todos los “autos interlocutorios importantes”, según lo señalara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4- La “doble instancia” no ampara al Ministerio Público Fiscal, pues las garantías se consagran a favor de los ciudadanos y no del Estado. Ello sin perjuicio de la facultad que el legislador le confiera para impugnar resoluciones.
5- La “doble instancia” ampara al querellante/particular damnificado -en su carácter de ciudadano-; debiendo para el caso de la sentencia definitiva armonizarse dicha garantía con la que protege al imputado contra el doble juzgamiento.
     
Todo ello demuestra lo apresurado e infundado de la resolución cuya aclaración se peticiona, la cual deberá ser revisada a la luz de los serios argumentos aquí vertidos.  

3.                 PRODUCCION DE PRUEBAS URGENTES

Si bien esta parte entiende que los delitos endilgados se encuentran acreditados sin necesidad de incorporar ninguna otra prueba para esta etapa, dada la revisión de archivo que se propugna, señalaremos aquella prueba que quedó pendiente de producir, a pesar de nuestras insistencias, y ofreceremos otras también necesarias para dejar la causa para elevar a juicio.

En primer lugar abordaremos la causa que acollara a las restantes, es decir, la IPP-13-00-02-008272-10/00.

Adjuntó frondosa prueba de la particular damnificada en su escrito promotor en relación a los delitos de amenazas coactivas y violación sistemática de domicilio del encartado JUAN RICARDO MUSSA, las cuales no fueron apreciadas en su verdadera dimensión SINO IGNORADAS.
1º).- el día 27 de agosto de 2010 se produce el atentado en el portón de mi propiedad contra mi personas delante 2 policías que fueron encomendados a que me protejan si algo ocurre, nada hicieron y los malhechores casi me matan los delitos son los de tentativa de homicidio (arts. 42 y 79 C.P.),
2º).- El día 22 de septiembre de 2010 llevo mi queja ante el Fiscal de Cámara Dr. Marcelo Dragui de la falta de justicia, nunca me respondió.
3º).- El día 28 de septiembre de 2010 llevo mi queja ante el Fiscal de Cámara Dr. Marcelo Dragui de la falta de justicia, nunca me respondió.
4º).- el 19 de noviembre de 2010 a las 13:30 se produce el atentado en la entrada del edificio de las Fiscalías descentralizadas de Florencio Varela golpeándome entre 8 personas adultas contra mi personas sin embargo lo hicieron delante  de policías, fiscales y transeúntes, nada hicieron y los malhechores casi me matan los delitos son los de tentativa de homicidio (arts. 42 y 79 C.P.).
5º).- El día 23 de noviembre de 2010 llevo mi denuncia que resulto el expediente Nº 0098/2010 ante el Fiscal de Cámara Dr. Marcelo Dragui de la falta de justicia, nunca me respondió.


En efecto, además que en esta nueva oportunidad habrá de valorarse con seriedad, debe encomendarse la inmediata producción de las ofrecidas y también legitimar  citando a los testigos ofrecidos a identificar a los imputados en las mismas.
Por último habré de ofrecer medidas de pruebas y el testimonio de las siguientes personas:

VII. MEDIOS PROBATORIOS:

a).- Adjunto inventario de maquinarias, vehículo, materias primas y productos, que motivaron el expediente Nº 8300/2010 la denuncia  en la UFI 4 de Florencio Varela.

2º- Solicito a V.S. se cite a prestar declaración testimonial a los Señores:

a).- Javier Rolando Fernández D.N.I. n° 28.649.540

b).- Ismael Cano D.N.I. n° 16.207.725 Cantú e Oncativo y P. Machado 370, Fcio. Varela.

c).- Julio Osvaldo Toffoletti D.N.I. n° 11.692.291 Calle  Palumbo 1799, Lonchamps, Alte. Brown.

d).- Luis Alberto Morochi (D.N.I. n° 92.994.801),

e).- Julio Osvaldo Toffoletti D.N.I. n° 11.692.291

3º.- Historia clínica del Mater Dei.

4º.- Prueba documental del Juzgado Federal a cargo del Juez Federal Dr. Luis Armella en la causa nº 549/10, “Presunta infracción ley 22.362, donde los policías que hicieron inteligencia testimonian que los usurpadores vendían mis bienes.

VIII.-PETITORIO
Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:
1.- Se tenga por planteada la presente petición de REVISION de lo decidido mediante resolutorio de fecha 02 de marzo de 2016 a fs. 95 y vta. de la causa IPP 14-10-001866/2015 y sus acollaradas IPP 14-10-002130/15/00, IPP 14-10-002021/15/00, IPP 14-10-002047/15/00 y IPP 14-10-002051/15/00 caratulada “PAGANO Martín Pedro y OTRA (CARVAJAL María Fernanda) s/amenazas y violación de domicilio reiterada” del registro de la U.F.I. de Rincón de Milberg (RM) ante el Señor Fiscal General Departamental (cfr. Art. 83.8° del C.P.P.B.A.);
2.- Oportunamente se HAGA LUGAR A LA REVISIÓN declarando nulo lo resuelto, continuándose la tramitación del expediente, disponiéndose la realización de las diligencias que quepan postular -para evitar que triunfe la impunidad- y oportunamente elevando a juicio el legajo (cfr. Art. 334 del C.P.P.B.A);
3.- Tenga presente que se introduce protesta casatoria y del caso federal para ocurrir ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o bien la Excma. CSJN en los términos del Art. 14 de la Ley 48 y también para el caso de arbitrariedad.

Proveer de conformidad
SE AFIANZARÁ JUSTICIA



[1] - Cafferata Nores, Proceso penal y derechos humanos, ob. cit., p. 159.
[2] - Cabe apuntar que la bilateralidad se ha mantenido a nivel internacional con la creación del Estatuto de la Corte Penal Internacional permanente (Roma, 15 de junio al 17 de julio de 1998), pues los delegados presentes decidieron otorgarle a la Fiscalía de la Corte la facultad de recurrir la sentencia absolutoria, desoyendo los reclamos unívocos de las organizaciones de derechos humanos (así informa Fabricio Guariglia, Régimen general de los recursos en el C.P.P. de la Nación, en “Los recursos en el procedimiento penal”, AA.VV., Editores del Puerto, 2° ed. actualizada, 2004, p. 18).
[3] - Augusto Morello, La tutela judicial efectiva en los derechos español y argentino (sustanciales coincidencias en las normas, en la doctrina y en las líneas jurisprudenciales), “Doctrina Judicial”, 1992-II, p. 82.
[4] - Este precedente guarda importancia superlativa, pues mediante él la CSJN reconoció la potestad autónoma de acusación de la querella, de modo que aún cuando el Fiscal de Juicio impetre la absolución en la etapa de alegatos, el Tribunal Oral -que no puede proceder de oficio (confr. doctrina de “Tarifeño”, del 28/12/89 y “Mostaccio”, del 17/2/04)-, queda habilitado a dictar sentencia condenatoria.
[5] - Cafferata Nores, Proceso penal y derechos humanos…, ob. cit., p. 163.
[6] - Sergio Luis Amadeo - Pablo Andrés Palazzi, Código Procesal Penal de la Nación, anotado con jurisprudencia, Depalma, 1999, p. 705.
[7] - José Luis Vázquez Sotelo, Reflexiones en torno a la acción procesal, en “Simplificación procesal”, XI Encuentro Panamericano de Derecho Procesal, Bs. As., 1997, citado por Cafferata Nores, Proceso penal y derechos humanos,  ob. cit., p. 46, nota 100.
[8] - Así lo destaca Osvaldo Alfredo Gozaíni, El Derecho al recurso, Ponencia presentada ante el XVII Encuentro Panamericano de Derecho Procesal, Barranquilla, Colombia, del 17 al 19 de marzo de 2004.
[9] - Cafferata Nores, Proceso penal y Derechos Humanos, ob. cit., p. 160; Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc, 1993, p. 265; Daniel Pastor, La nueva imagen de la casación, Ad-Hoc, 2001, p. 172, Palazzi, El caso “Giroldi”, el derecho a la doble instancia y el recurso de Casación en el Proceso Penal, “J.A.”, t. 1998-II, p. 786; Gabriela Córdoba, La influencia del recurso extraordinario federal en el recurso de casación penal a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema, en “Los recursos en el procedimiento penal”, AA.VV., Editores del Puerto, 2° edición actualizada, p. 257.
[10] - Palacio, Las limitaciones legales del recurso de casación en el proceso penal y el derecho acordado por el Pacto de San José de Costa Rica a la persona inculpada de delito, “L.L.” 1995-D, p. 463 y 466; Borinsky y Días sostienen que “... la forma de impugnar los ‘autos procesales importantes’ es propia del ejercicio del derecho de defensa que... también resulta resguardado por los pactos internacionales” (Borinsky-Días, La garantía del recurso ante un tribunal superior -Un análisis histórico comparado-, en Revista de Derecho Penal 2001-1, Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, p. 495).
[11] - La afirmación de que las garantías amparan a los ciudadanos y no al Estado, aplicada a la materia recursiva aparece con claridad en Maier, quien señala: “la Convención regional no se propone -ni se puede proponer- ‘defender’ al Estado sino, por lo contrario, conceder una garantía a quien sufre la coacción estatal. Interpretar estas garantías en perjuicio del garantizado, como naturalmente lo hacen nuestros tribunales en muchos fallos, incluida nuestra Corte Suprema, representa una verdadera hipocresía” (El recurso del condenado contra la sentencia de condena ¿una garantía procesal?, en “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, AA.VV., CELS, Editores del Puerto, 1997, p. 412).
[12] - Sagüés afirma: “Podría conjeturarse también que tutela a cualquiera de las otras partes (fiscal, querellante si lo hubiere), puesto que a diferencia de los otros acápites del art. 8º, inc. 2º del Pacto de San José de Costa Rica, que refieren siempre al inculpado o a la defensa, el h) menciona el "derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior", sin mencionar explícitamente al acusado. Además, si de lo que se trata es arribar a fallos justos, tanto se perjudica a la justicia en una sentencia de primera instancia por una condena arbitraria, como por una absolución o sobreseimiento improcedentes” (La instancia judicial plural penal…, ob. cit., p. 160).
[13] - D´Albora, Código, ob. cit., p. 939, con base en el principio de igualdad.
[14] - Cafferata Nores, Proceso penal y derechos humanos…, ob. cit., p. 163, aunque señala que no le resulta fácil fijar una posición.
[15] - Binder, Introducción…, ob. cit., p. 265, donde afirma: “que en el espíritu del Pacto de San José…, se halla el criterio de que todas las resoluciones judiciales que producen algún agravio deben poder ser recurridas por todas las personas que intervienen en ese proceso penal”.
[16] - Maier, Derecho Procesal Penal, t. I -Fundamentos-, ps. 632 y 705. Específicamente: El recurso del condenado contra la sentencia de condena ¿una garantía procesal?, ob. cit., ps. 410 y 426. Esta idea es seguida por Bovino (Temas de derecho procesal guatemalteco, 1996, p. 262) y Díaz Cantón (El cuestionamiento a la legitimidad del recurso del acusador, Nueva Doctrina Penal, t. 2001-A, p. 149). Sin embargo la rechaza Cafferata Nores, al apuntar que para poder hablar de violación al ne bis in idem es necesario que exista una “sentencia firme” y éste no sería el supuesto en el que la sentencia todavía puede ser recurrida (Proceso penal y Derechos Humanos, ob. cit., ps. 163/4).
[17] - Precisamente, Nicolás D’Albora, encuentra una forma de armonizar la facultad recursiva del acusador contra la absolución y la protección del ne bis in idem para el imputado: será cuando en virtud del recurso del acusador contra la sentencia absolutoria, la cámara condena sin ordenar el reenvío a nuevo juicio. En cambio, si el caso, determinara que la cámara ordenara la realización de un nuevo juicio (juicio de reenvío del art. 471 CPP), sí existiría doble persecución y resultaría inconstitucional  (Facultades recursivas…, ob. cit., ps. 584 y 588).
[18] - Claro que al haber afirmado la CSJN en el caso “Arce” -donde impugnaba el fiscal- que la garantía se prevé sólo en beneficio del imputado, hay quienes se adelantan sosteniendo que el caso del querellante correrá igual suerte que la del recurso fiscal y se le denegará el derecho a la doble instancia (así, por ej. Marcelo Sgro, Esplendor y derrota de la garantía de recurrir el fallo condenatorio en la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, en AA.VV. “Los recursos en el procedimiento penal”, Editores del Puerto, 2° ed. actualizada,  p. 264 y Gabriela Córdoba, La influencia del recurso extraordinario…, ob. cit.,  p. 235).
[19]- Así por ej.: "Macri" (27/9/94), "D.G.I." (4/5/95); "López Rosende" (11/4/96); "INSSJP" (27/12/96); "Orsi"(25/3/97); "Glatsman" (25/9/97); "Zambrano" (25/11/97); "Petcoff" (6/5/97) y "Losa" (3/3/98). El rechazo por razones formales lo afirma Palacio de Caeiro (Actualidad en la jurisprudencia del recurso extraordinario en el proceso penal. La sentencia definitiva y superior tribunal de la causa, “L.L.”, t. 2000-F, p 1335). Sin embargo, en sentido contrario, De Luca advierte que en estos casos y los precedentes “Verbitsky” y “Mainhard”, la Corte sostuvo la constitucionalidad de los límites que se imponen a la querella en los arts. 458 y 460 del C.P.P. (Javier De Luca, Los recursos de la parte acusadora (casación y extraordinario federal), “L.L.”, t. 2002-D, p. 857).  
[20] - Lo expuesto corresponde al voto conjunto de los jueces Nazareno, Moliné O’ Connor, López y Vázquez, que postularon abrir la queja (en este voto hay quienes han visto una eventual posición favorable al amparo del querellante por la garantía de la doble instancia: así, Palacio -La sentencia penal absolutoria y la garantía de la doble instancia, ob. cit., p. 323-; Palacio de Caeiro -Actualidad en la jurisprudencia…, ob. cit., p. 1335 y Santiago Martínez, ¿Una oportunidad perdida? Reflexiones acerca del fallo “Mainhard” de la CSJN y el límite de la facultad recursiva del querellante, Revista Jurídica “¿Más Derecho?”, año 3, n° 3, junio 2003, p. 213). La mayoría fue formada además con el voto del conjuez Luis César Otero, con fundamentos propios. En tanto que propiciaron la desestimación de la queja los jueces Fayt, Bossert y Orlandi (considerando defectos en la interposición del recurso), al igual que el juez Petracchi (con fundamento en que la sentencia impugnada había considerado como argumento la violación del principio ne bis in idem, y ello no fue rebatido por el impugnante).
[21] - El juez Vázquez funda su razonamiento en que el art. 8 del Pacto de San José alude a “toda persona” (cons. 11) y que ello comprende no sólo al imputado, sino también a otras partes legalmente constituidas, como el querellante (cons. 12 y 13); haciendo hincapié en el derecho a la tutela judicial efectiva -art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica- (cons. 13) y en que la Comisión Interamericana consideró que el acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un delito, en los sistemas que lo autorizan como el argentino, deviene un derecho fundamental del ciudadano (informes 28/92 y 29/92) (cons. 15), para concluir marcando la diferencia con el caso del fiscal -cuya situación fuera tratada por la Corte en el caso “Arce”- (cons. 16).
[22] - Por su parte, los jueces Fayt y Boggiano, negaron la doble instancia para el querellante, considerando que la previsión del art. 8.2.h del Pacto de San José, sólo alcanza a la sentencia penal de condena y a la persona del inculpado (cons. 11) y que así la Corte lo sostuvo en “Giroldi” y “Arce” (cons. 12); sin mengua a la igualdad ante la ley, pues imputado y querella no persiguen intereses iguales (cons. 13); afirmando que el legislador adoptó el sistema de excepcionalidad respecto de las facultades recursivas de la parte acusadora; emanando en el caso del imputado el derecho al recurso del derecho de defensa y de su vinculación específica con el poder de resistencia que emana de la libertad individual (cons. 15) y concluyendo en que cabe confirmar la decisión recurrida, pues incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones de ejercicio de la acción y jurisdicción penal, como así también la participación asignada a la querella (cons. 14).