viernes, 29 de julio de 2016

JUEZ FEDERAL DR. CARLOS ALVAREZ PROHIBA QUE TINELLI NO SATIRICE AL PRESIDENTE MACRI




PROMUEVE MEDIDA CAUTELAR
SE DICTE MEDIDA URGENTE
SOLICITA HABILITACION DE FERIA JUDICIAL
HABILITACIÓN DE DÍAS y HORAS INHÁBILES
PRESTA CAUCIÓN JURATORIA

Señor Juez en lo Civil y Comercial Federal: Dr. Carlos Héctor Álvarez
Fiscal Federal Dr. Miguel Ángel Gilligan
JUAN RICARDO MUSSA, DNI 4.705.745, por su propio derecho, en mi calidad de ciudadano y como dirigente político junto al letrado que me patrocina Dr. Rafael Daniel Ramón Coll  abogado inscripto al Tº 100 Fº 337, del C.P.A.C.F constituyendo domicilio electrónico –cfr. Acordada 38/2013, rafaeldanielcollpanico@yahoo.com.ar  20-10724113-3  celular 15-5488-8443, y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB - Zona de Notificación N° 99) , de esta Ciudad, en el EXPEDIENTE N° CCF 4761/2016 caratulado “TINELLI, MARCELO HUGO Y OTROS” ante V.S. me presento y respetuosamente digo:
         I. OBJETO.
         1.1. Que en mi carácter de ciudadano de ésta Nación, y en defensa de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución Nacional, que adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal (art. 1 CN), y en virtud de la cláusula de defensa de la democracia (art. 36 CN), vengo a promover la presente acción.
Que el art. 14 del Código Civil y Comercial de la Nación, reconoce expresamente los derechos individuales y colectivos, en concordancia con lo dispuesto por el art. 43 de la Constitución Nacional. Siendo los derechos de incidencia colectiva, aquellos que pueden ser invocados por sujetos que presentan un interés difuso, colectivo o público. En tal supuesto, el interés jurídico protegido es colectivo, por lo que existe una legitimación activa difusa.
Dado que una de las características del actual derecho privado es que presenta una fuerte vinculación con categorías tradicionalmente vinculadas con el derecho público, la clasificación resulta apropiada y acorde a los postulados de nuestro sistema constitucional.
En los Fundamentos que acompañaron al Anteproyecto, la Comisión hizo expresa referencia a lo decidido por la CSJN en el caso “Halabi”, cuando estableció la existencia de tres categorías de derechos: individuales; de incidencia colectiva, cuyo objeto son bienes colectivos; y de incidencia colectiva, referentes a intereses individuales homogéneos.
La redacción original del Anteproyecto, luego modificada por el Poder Ejecutivo, respondía esa clasificación tripartita, en la que los derechos sobre bienes jurídicos individuales deben ser ejercidos por su titular, aun cuando sean diversas las personas involucradas; los derechos de incidencia colectiva tienen por objeto bienes colectivos y pueden ser ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación y las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado; y los derechos de incidencia colectiva, referentes a intereses individuales homogéneos, afectan derechos individuales enteramente divisibles, pero ligados por un hecho, único o continuado, que provoca una pluralidad de lesiones, pudiendo identificarse una causa fáctica homogénea.
La norma finalmente sancionada simplifica la inicialmente propuesta.
Que en razón de que existen circunstancias graves y urgentes que -de no dictarse la medida cautelar aquí solicitada- afectarán el derecho a la dignidad, reputación y al honor constitucionalmente tutelados a través de los tratados internacionales respecto del Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, y previo a la promoción de un proceso autónomo contra las siguientes personas: 1) el Señor Marcelo Hugo Tinelli, con domicilio real en Av. Figueroa Alcorta  Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2) La productora Ideas del Sur, con domicilio en Olleros 3551, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 3) El canal televisivo ARTEAR S.A. con domicilio en la calle Cochabamba 1153, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vengo a promover el presente proceso de medidas precautorias, a fin de solicitar se ordene una medida cautelar urgente, consistente en que el aquí accionado, la productora del programa televisivo SHOWMATCH y Canal 13, se abstengan en lo sucesivo de nombrar, aludir, referir o de cualquier modo mencionar en forma directa o indirecta a modo de parodia fomentando la ridiculización del presidente la Nación, en el programa televisivo SHOWMATCH y redes sociales,  cualquier comentario, noticia, dato, imagen y/o circunstancia que resulte ofensiva y/o difamatoria relacionada, implícita o explícitamente a la persona del Presidente de la Nación. Pido asimismo, se fije en caso contrario, por cada oportunidad en que incumpla con esta consigna, una multa de $ 100.000 (pesos cien mil), duplicándose en la segunda oportunidad y así sucesivamente hasta lograr vencer la reticencia y contumacia de los codemandados temeraria en su afán de desprestigiar a la investidura presidencial al fomentar la burla constante y difamar un guión de “tonto”, lesionando la honra y reputación, tanto personal como de la investidura presidencial.
Dicha medida deberá ser notificada con HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES a los codemandados el Señor Marcelo Hugo  Tinelli, la productora Ideas del Sur y el canal televisivo ARTEAR S.A., con expresa transcripción de los apercibimientos pedidos.
                  En forma complementaria y tal como dispone el Art. 11 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado al bloque constitucional por aplicación del Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en tanto tutela la dignidad y el honor frente al ejercicio abusivo de la libertad de expresión, pudiendo generar responsabilidades civiles o penales en protección de los derechos de los demás, sea que respondan a intereses individuales (v.gr. derecho a la privacidad) o sociales (v. gr. orden público), solicito se prohíba a los codemandados cualquier tipo de mención o alusión que ponga en ridículo o fomente la burla constante de la investidura presidencial por cualquier medio televisivo o red social.
                  Debo señalar que lo solicitado no implica censura previa, toda vez que los codemandados ya han emitido varios programas de SHOWMATCH en los que burlan y ridiculizan al Sr. Presidente de la Nación, y lesionan su honor y reputación, siendo, al decir de la Corte Suprema en fallo “Costa” que: «Si bien en el régimen republicano la libertad de expresión tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa»; para afirmar en la causa “Morales Solá” (CSJN, “Morales Sola, Joaquín Miguel s/injurias”, 12/11/1996, EDJ12491) que: «La verdadera esencia del derecho a la libertad de imprenta radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa, o sea sin previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir, pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal» (MOISÁ, Benjamín, “La insinuación subrepticia como difamación”, La Ley, 10/3/2014, 8, fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, “B. J. c/ M. S. A. y otros s/ daños y perjuicios”, 17/10/2013, AR/DOC/559/2014).
                  La jurisprudencia ha interpretado que: “Hay dos situaciones que pueden presentarse, que dan lugar a la reparación por afectación al derecho al honor de una persona: 1) que exista voluntad y conciencia de efectuar una imputación falsa, en cuyo caso se está en presencia del delito de calumnias e injurias y 2) que no exista ese dolo o malicia, en cuyo caso la acción resarcitoria está asegurada con base en el obrar culposo” (CNCiv., sala H, 6/10/2009, Abeledo Perrot N° 70057616).
                  Si bien la Corte Suprema de Justicia ha dicho que las restricciones permanentes, que prohíben hablar de determinadas actividades, personas o cosas, son ejemplos clásicos de censura previa, por cuanto implican una imposibilidad de ejercer en el futuro el derecho de hablar, por lo que violarían las cláusulas primera y catorce de la Constitución (“Alexander v. United States”, 509 U. S. 544, 550 (1993) no sucede lo mismo en el caso que nos ocupa, donde la sátira al presidente de la Nación, elegido por la voluntad popular, es  injuriante y difamatoria en cuanto a la parodia que realizan de la investidura presidencial en la representación que realiza el programa del Ingeniero Mauricio Macri durante las emisiones de “Gran Cuñado”, que ya fueron publicadas y se hicieron públicas a través de la pantalla de Canal 13 TV, las páginas web y la red social twitter. Ello con absoluta impunidad, afectando la reputación personal, la investidura presidencial, y la dignidad del Presidente de la Nación.
                  Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, el derecho a expresarse libremente no ampara a quienes cometen ilícitos civiles en perjuicio de la reputación de terceros (Fallos: 308:789, 310:5089) (CSJN, 24/6/2008, Fallos: 331:1530).
                  Así como el dec. 1279/1997 y la ley 26.032 extendieron la garantía constitucional de libertad de prensa a las expresiones vertidas en internet, la Constitución Nacional también protege el honor y la intimidad de las personas, máxime cuando no se trata de censurar la difusión de ideas, sino de evaluar la responsabilidad posterior (CNCiv., sala H, 28/8/2013, JA, 2013-IV).
                  Todo ello hasta tanto se sustancie el proceso ordinario que se promoverá en el plazo de ley previsto por el Art. 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
                  1.2. Fundo tal pretensión en las consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente pasó a exponer.
                  II. ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN.
                  2.1. En primer término y para entender las razones que ameritan la solicitud de la medida cautelar que por el presente se solicita, me veo en la obligación de efectuar una breve introducción.
                  El Sr. Marcelo Hugo Tinelli, en su programa televisivo SHOWMATCH, que emite canal 13, emite una sátira del presidente de la Nación de los argentinos, Ingeniero Mauricio Macri ridiculizando su investidura presidencial frente a tres millones de personas que siguen su programa. En su bloque de humor político, denominado “Gran Cuñado” se burla del Sr. Presidente y somete su figura con un guión de tonto, incapaz de conducir el país.
                  La enemistad que el Sr. Marcelo Hugo Tinelli, tiene con el Sr. Presidente de la Nación, se debe a la falta de apoyo por parte de éste último en que el demandado presidiera la Asociación de Futbol Argentino (AFA). El Sr. Tinelli se ha ensañado en desprestigiar al Presidente, de la misma forma que lo ha hecho con la figura presidencial del Dr. Fernando De La Rúa, al tiempo de la crisis social y económica que terminó con su gobierno en el año 2001.
                  El Sr. Tinelli busca denigrar al Sr. Presidente en pos de convencer a través del golpe emocional, y dañar la imagen pública de quien reviste el carácter de presidente de todos los argentinos.   La parodia que personifica el Sr. Freddy Villarroel, lesiona la reputación del presidente de la Nación y el derecho a la honra.
                  El derecho al honor ha sido definido como "la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma" (De Cupis). Este derecho comprende dos aspectos: de un lado, la "autovaloración, el íntimo sentimiento que cada persona tiene de la propia dignidad y la de su familia" (honor subjetivo u honra) y, del otro, "el buen nombre y reputación objetivamente adquiridos por la virtud y el mérito de la persona o familia de que se trate" (honor objetivo, buen nombre, reputación o fama" (Rivera).
                  La parodia del presidente de la Nación, tienen una amplia  proyección descalificadora en relación a la investidura presidencial, y el respeto y decoro que debe rendirse a quien ha sido elegido por la voluntad popular, afecta su honorabilidad, sin sustento a modo de “venganza” por no haber  sido elegido por el presidente como el candidato predilecto para presidir la Asociación Argentina de Futbol. Es decir, el Sr. Tinelli pone en peligro el ejercicio de la Constitución Nacional y del estado de derecho de la República Argentina, por un caprichoso berrinche del conductor televisivo.
                  Esta brevísima reseña permite al tribunal presumir la gravedad de la deshonra promovida por el codemandado, propiciada por redes sociales.
                  El codemandado intenta difamar falsamente al presidente de la Nación, desprestigiando el honor objetivo de quien ha sido elegido por el voto popular para gobernar la Nación por el término de cuatro años, con el objeto de denostarlo públicamente y perjudicarlo en su imagen pública.
                  Por su parte, el daño jurídico debe ser entendido como la ofensa a un interés ajeno lícito, que provoca consecuencias (o alteraciones) desfavorables en el patrimonio o en el espíritu. Esta última postura es la que ha adoptado el Código Civil y Comercial.
                  El art. 52 del Código Civil y Comercial, no define el derecho al honor, por lo que serán aplicables los criterios establecidos por la doctrina y la jurisprudencia que han definido el contenido de este derecho. La protección comprende a la honra o reputación, de modo que se tutela tanto la estima propia como a la fama o estimación ajena. Así se receptan ambas facetas del honor, objetiva y subjetiva.
                  De este modo la pretensión concreta en esta petición cautelar, es la siguiente:
                  (i) Que el codemandado la productora del programa televisivo SHOWMATCH y la señal Artear cesen con la campaña difamatoria emprendida respecto de la figura del presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri bajo apercibimiento de astreintes en caso contrario;
                  (ii) Que el codemandado Señor Marcelo Hugo Tinelli se abstenga en lo sucesivo de nombrar, aludir, referir o de cualquier modo mencionar en forma directa o indirecta a modo de parodia ridiculizando al presidente de la Nación, en el programa televisivo “Showmatch” y redes sociales, cualquier noticia, dato, imagen y/o circunstancia difamatoria relacionada, implícita o explícitamente, fijándole en caso contrario, por cada oportunidad en que incumpla con esta consigna, una multa de $ 50.000 (pesos cincuenta mil), duplicándose en la segunda oportunidad y así sucesivamente hasta lograr vencer la reticencia y contumacia de la descarada demandada en su afán de desprestigiar al Presidente y poner en peligro el estado de derecho, se solicita se abstenga de burlar al presidente de la Nación y personificar su figura con un guión de “tonto”. Dicha medida deberá ser notificada con HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES al demandado con expresa transcripción de los apercibimientos pedidos;
                  (iii) En forma complementaria y tal como dispone el Art. 11 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado al bloque constitucional por aplicación del Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en tanto tutela la dignidad y el honor frente al ejercicio abusivo de la libertad de expresión, pudiendo generar responsabilidades civiles o penales en protección de los derechos de los demás, sea que respondan a intereses individuales (v. gr.derecho a la privacidad) o sociales (v. gr. orden público).
                  III. LA MEDIDA CAUTELAR PETICIONADA. APLICACIÓN DE SANCIONES CONMINATORIAS.
                  Por ello es que vengo a solicitar por el presente que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo debatida, que reitero, se deducirá dentro del término establecido en el Art. 207 del ritual, V.S. disponga, inaudita pars, la MEDIDA CAUTELAR requerida.
Ello, sin perjuicio, solicitar se ordene aplicar una multa de $ 1.000.- por cada día de retardo en la omisión de abstenerse de nombrar, aludir, referir o de cualquier modo mencionar en forma directa o indirecta a modo de parodia ridiculizando al presidente de la Nación, en el programa televisivo “Showmatch” y redes sociales, cualquier noticia, dato, imagen y/o circunstancia difamatoria relacionada, implícita o explícitamente a la persona del Presidente de la Nación (art. 37 CPCCN). La misma deberá extenderse a la productora de televisión codemandada denominada “Ideas del Sur”, en caso de omitir cumplir la orden judicial impuesta, y permitir la propagación de la parodia ridiculizante que lesiona el honor y la imagen pública del presidente de la Nación.

IV. PRESUPUESTOS QUE CONDICIONAN LA PROCEDENCIA DEL PEDIDO.
4.1. Requisitos
                  Si el proceso penal o la demanda civil a ser interpuesta en el plazo previsto en el ritual tuviera una solución instantánea, evidentemente no resultaría necesario el presente pedido de medidas cautelares.
                  Lamentablemente, el tiempo de la sustanciación del mismo, requiere ineludiblemente que se adopte una cautela preventiva, para asegurar que no se vean avasallados los derechos civiles y políticos del actor y de toda la ciudadanía por parte del accionado, por quién por un capricho personal que nada tiene que ver con la representación del ciudadano en el ámbito de la rivalidad política propia de las instituciones fundamentales del sistema democrático, poniendo en jaque el derecho a la honorabilidad y reputación del Sr. Mauricio Macri frente a la ciudadanía argentina y el ámbito internacional.
                  Por ello, el principio de igualdad entre las partes, exige la fijación de una medida cautelar preventiva que impida la acción unilateral de una de las partes en perjuicio de toda la ciudadanía, evitando actos de injusticia lo que importaría ciertamente un menoscabo de la potestad jurisdiccional cuya decisión se convertiría -eventualmente- en un acto sólo formalmente imperativo e ilusorio.
                  4.2. El aseguramiento
                  Por medida cautelar debemos entender pues, el medio por el cual la jurisdicción asegura el cumplimiento de sus resoluciones, aún antes de incoarse el proceso o, durante el curso de este, para lo cual obviamente, ello queda condicionado a que se demuestre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora de que la decisión jurisdiccional sea incumplida como consecuencia de actos de disposición física o jurídica realizados por la contraria.
                  4.3. Oportunidad – Peligro en la demora:
                  Resulta más que evidente, y así es de público y notorio conocimiento, que el codemandado no hesita en denostar a diestra y siniestra al presidente de la Nación mediante la parodia que realiza de su persona en “GRAN CUÑADO”, o considera que puede obtener un rédito difamando la figura presidencial, para conseguir de esta forma auto promocionarse en su carrera política por ganar la presidencia de la Asociación de Futbol Argentino.
                  Esta situación lo convierte en tenedor de un arma letal frente a la figura del presidente que por su investidura se ve imposibilitado de evitar esta parodia impune sin caer en una práctica autoritaria en el ejercicio de su cargo de jefe de gobierno.
                  De no decretarse la medida cautelar que se solicita, la contumaz actitud del demandado se propagaría en el tiempo, dado que la sentencia que V.S. dictará en la instancia procesal pertinente está sujeta a los tiempos del proceso, y aunque se ordenase su publicación para una adecuada reparación, no tendría posibilidad de conjurar el perjuicio que irroga la difamación pueril.
                  Resulta evidente que el Sr. Marcelo Hugo Tinelli es consciente de las resultas de su accionar antijurídico y de las consecuencias gravosas que ello le produce al presidente de la Nación, que tiene que soportar el avatar agresivo y cargado de rótulos y etiquetamientos. Pero utiliza su recurso como conductor de opinión pública, para desprestigiar la figura presidencial compitiendo por ganar mayor popularidad en desmedro del estado derecho.
                  Existe pues, la plena certeza de que es ésta la única vía para garantizar el derecho del peticionante, ya que existe la posibilidad de que el daño temido se convierta en efectivo e irremediable, sin que, esta situación pueda ser evitada por los otros medios procesales.
                  Es esta entonces la única vía para asegurar los derechos conculcados.
         4.4. Verosimilitud del derecho
         Es este uno de los primeros requisitos que condiciona la procedencia de las medidas que se solicitan, el cual se encuentra debidamente acreditado.
         4.5. Consecuencias
         En suma, de lo expuesto hasta aquí resulta evidente que el Sr. Marcelo Hugo Tinelli, en flagrante violación a elementales principios de derecho y avasallando el derecho a la honra y reputación del presidente de la Nación, con una burla constante de la investidura presidencial, proporciona un gravísimo perjuicio al orden constitucional que aún sigue en vigencia como una suerte de delito continuado, y que la medida cautelar que se peticiona bloquearía hasta tanto exista sentencia en el caso.
         Resulta pues de extrema urgencia el dictado de las medidas que en el presente se peticionan.
         4.6. Recaudos
         Se dan en la especie todos los recaudos que habilitan el remedio urgente pedido.
         En efecto:
         > El derecho resulta verosímil, ya que se encuentra acreditado sobradamente;
         > Existe el peligro de que si no se actuara en este preciso momento, la sentencia a dictarse devendría meramente teórica o abstracta.
         4.7. Fundamento
         Las razones en las que fundamos el pedido cautelar precedente son las que he venido exponiendo y las que seguidamente se señalan.
         Algunos principios orientadores de la materia cautelar indican que la finalidad de las medidas cautelares es evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita ante la posibilidad de que se dicte sentencia favorable.
                  En consecuencia, ante el pedido de dichas medidas, los jueces deben emplear un criterio amplio.
                  Desde que basta que se acredite “prima facie” el “fumus bonis iuris”, la procedencia de la medida que solicito encuentra andamiento en nuestras leyes.
                  Debo recordar que en el caso VIALE – VALENZUELA, el Juez llamado a intervenir sostuvo:
                  “No cabe duda que el derecho de la prensa a informar sobre hechos que hacen al interés público no puede ser ejercido abusivamente”, sostiene el juez y agrega que “el papel fundamental y estratégico que a la libertad de prensa le depara la Constitución Nacional, no alcanza para colocarla en un ámbito protectorio menos relativo que el que corresponde a otros derechos y garantías constitucionales, ni implica que la prensa pueda escapar a los límites que debe considerarse propios y naturales a su existencia”.
                  Con fecha 1 de junio de 2011, la ONU emitió una Declaración señalando que la libertad de expresión se aplica a internet, del mismo modo que a todos los medios de comunicación y que las restricciones a tal libertad sólo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que exigen que estén previstas por la ley y persiguen una finalidad legítima reconocida en el derecho internacional, siendo necesarias para tal fin.
                  En julio de 2012 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución que, entre otros aspectos, afirmó que "las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los procedimientos civiles, deberán tener en cuenta el interés general del público en proteger tanto la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de preservar la función de 'lugar público de reunión que cumple internet").
         4.8. Las medidas a decretar
         4.8.1. Encontrándose reunidos en el caso, tanto los presupuestos de verosimilitud del derecho, como el peligro en la demora, que prescribe como antecedentes el Art. 195 y del ritual, solicito que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo debatida, V.S. disponga, inaudita pars, las medidas requeridas en esta presentación. Sin perjuicio, de aplicar sanciones conminatorias por cada día de retardo en la omisión de abstenerse de burlar la investidura presidencial.
         V. CONTRACAUTELA.
         5.1. La contra cautela es otro de los requisitos que deben cumplimentarse para el dictado de las medidas cautelares.
         Su fundamento radica en tener el juez los elementos suficientes para compensar los perjuicios que la medida pudiera llegar a provocar si ésta fuera infundada.
         Sabido es que existe una relación inversamente proporcional entre la verosimilitud de derecho y la contra cautela: A mayor verosimilitud, menor será ésta última y viceversa.
         También cabe señalar que la contra cautela no debe tener una entidad tal que impida la efectivización de la medida.
         Pues bien, la solvencia económica del peticionante profesional del derecho, amerita eximirlo de contra cautela.
         Por tanto cabe acceder a la medida cautelar omitiendo el requisito de la caución real, y estándose a la caución juratoria que en forma subsidiaria ofrece el suscripto a todo evento, y que en caso de ser solicitada, deberá entenderse como prestada con el presente pedido de medida cautelar.
         VI. DERECHO.
         Fundo el derecho que me asiste en los arts. 1, 36, 37, y cctes. De la Constitución Nacional, Arts. 11 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ratificada por la República Argentina mediante Ley 23.054, y con jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto en el Art. 75 inc. 12 de la Nuestra Carta Magna, arts. 52, 1770 del CCC,  arts. 195 y ssgtes, art. 37 del CPCCN, sin perjuicio de la aplicación por parte de V.S del aforismo iura novit curia.
                  Formulo asimismo la reserva del caso federal y de recurrir ante la C.I.D.H.
                  VII. CONFIERE AUTORIZACIONES.
                  Que vengo por el presente a conferir autorización para tomar vista de estas actuaciones, como así también para ejercer la procuración del expediente, retirar copias, escritos, cédulas, oficios, exhortos, mandamientos, extraer fotocopias, efectuar desgloses, dejar asistencia en el libro respectivo, y cuántos más actos y diligencias sean necesarias para la prosecución de las presentes actuaciones, a los Dres. Patricia Noemí APESTEGUY y Agustín BOTTA, en forma indistinta.
                  VIII. FORMULA RESERVAS.
                  Para el supuesto improbable que no se hiciera lugar a la presente acción judicial, mi parte formula reserva del caso federal para ocurrir ante la Excma. C.S.J.N. por vía del recurso extraordinario previsto por el Art. 14 de la ley 48.
                  Ello por entender que se habrían conculcado garantías constitucionales expresamente señaladas a lo largo de esta presentación.
                  En el mes de mayo de 1990, Néstor Pedro Sagues publicó el segundo tomo de su “Recurso Extraordinario” (Derecho Procesal Constitucional) y destaca que cabe calificar como "arbitrariedad fáctica" a los pronunciamientos que no evalúan idóneamente los hechos y no motivan adecuadamente el fallo, de manera que la reserva de la cuestión federal también se realiza para el hipotético caso de arbitrariedad.
         Asimismo efectúo reserva de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y Resolución Nº 448, de la OEA, como así también de recurrir ante cualquier organismo Internacional para salvaguardar los derechos conculcados, y por denegación de justicia, habiendo agotado todos los recursos legales e institucionales que le caben al ciudadano, para poder tener acceso a la justicia.
         IX. SOLICITA HABILITACION DE FERIA JUDICIAL.
         Que en razón de la urgencia que debe tener el tratamiento del presente y siendo que no encontramos en el transcurso de la Feria Judicial invernal, vengo por medio del presente a tenor de las consideraciones de hecho y derecho expuestas, y en razón de la urgencia y GRAVEDAD INSTITUCIONAL de los hechos narrados a solicitar a V.S. se habilite el tratamiento de la presente durante la Feria Judicial, debiendo sustanciarse la presente de forma inmediata, adoptando las medidas solicitadas oportunamente.  
X. PETITORIO.
         Por todo lo expuesto a V.S. solicito:
         1. Se me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio procesal indicado;
         2. Se tenga por promovida esta medida cautelar ordenando su reserva hasta la efectivización de la misma;
         3. Se habilite la feria judicial y el tratamiento de la presente durante dicho periodo.
         4. Se ordenen las medidas requeridas en los términos solicitadas con carácter urgente y con HABILITACIÓN DE DÌAS y HORAS INHÁBILES, bajo apercibimiento de fijar astreintes en caso de incumplimiento de la manda judicial;
         5. Se tengan presentes las autorizaciones conferidas.
         6. Tenga presente la reserva del caso federal introducida en esta primera presentación como también la reserva internacional.
                                      Provéase de conformidad que,
                                      SE AFIANZARÁ JUSTICIA

Dr. Rafael Daniel Ramón Coll
  Abogado  Tº 100 Fº 337

         C.P.A.C.F

lunes, 25 de julio de 2016

GOBERNADORA GRACIAS, PERO RICARDO PAGOLA EN LA OPDS NO EXIGE QUE LOS FUNCIONARIOS ENTREGUEN EL EXPEDIENTE X QUE VAN PRESOS









                                                                                                        FORMULA DENUNCIA.-
Señora Fiscal Dra. Virginia Inés BRAVO
               JUAN RICARDO MUSSA, por derecho propio,  asistido por los  letrados que me patrocinan la Dra. María Laura Cartrigde, inscripta al To. XVI Fo. 758 del C.A.S.I., IVA responsable inscripta, .Legajo de la Caja de Previsión de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Celular 15-5660-7025 y el Dr. Alejandro SÁNCHEZ KALBERMATTEN, constituyendo nuevo domicilio procesal y electrónico –cfr. Acordada 38/2013– (CUIT 20-17286906-9) (ASK ABOGADOS  – T.E. 4815-9999 – Cel. 116 497-1111 - www.ask-abogados.com  y constituyendo todos domicilio a los efectos procesales en la Calle 44 N° 493 de esta Ciudad, en la causa Nº 24.841/2016 me presento ante V.S. y respetuosamente digo:

OBJETO:
                 Vengo a formular denuncia contra el el Ex Titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), al Sr.  José Manuel Molina, contra la Ex Directora Provincial de Controladores Ambientales Ingeniera MARÍA VERONICA GLADARIO y los Funcionarios con responsabilidad en el área y el expediente de marras, contra los Señores Norma GARCIA (DNI: 12.176.719), Oscar José VAZQUEZ (DNI: 4.705.413), Luis DEL VIGO (DNI: 8.386.939), Antonio Basilio RAMIREZ (DNI: 8.234.553) Diego Ramón GIMENEZ (DNI: 32.327.918), Demetrio M. VARGAS (DNI: 21.347.671), Mario BANEGAS (DNI: 11.831.061), Jorge R. HERMOSA (DNI: 11.180.314), Rafael ALMANZA PEREYRA (DNI: 94.021.382), HECTOR MARIO GASPAR D.N.I. n° 8.539.361,
SAUL OMAR SARMORIA (D.N.I. n° 7.681.328), OSCAR ANSELMO GOROSITO (D.N.I. n° 13.274.248) al Dr. LUIS ALBERTO CARO y otros todos Socios de la Cooperativa de Trabajo COPERPLAST LIMITADA, Y LOS que puedan ser Cómplices, Asociación Ilícita, por la presunta comisión de un hecho, que encuadraría en principio y sin perjuicio de la calificación legal que oportunamente corresponda otorgarse a los sucesos denunciados, en los supuestos delitos, falsificando actas asume laTitularidad de una empresa fallida, falsear datos técnicos en Documento Público, así como también violar los artículos del CODIGO PENAL ARGENTINO: 189, 189 bis, 173, Art. 256 – inc. 1, (Texto s/ley 25188 - BO: 01/11/1999) Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. TRAFICO DE INFLUENCIA, COHECHO, ASOCIACION ILICITA, DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN COMPLICIDAD CON LAS AUTORIDADES DE APLICACIÓN, LA OPDSpor violación al Decreto 1741/96, de RADICACION INDUSTRIAL. REGLAMENTACION, Publicación B.O.: 19/7/96, La Plata, 11 de Junio de 1996,
                                         II.-RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA LA PETICIÓN.-
Para detallar a V.S., es que transcribo todas las presentaciones ante la OPDS, donde se demuestra palmariamente la continuidad de delitos cometidos por todos los aquí denunciado.
El delito queda consumado cuando se recibe la dádiva, y en el caso de la promesa, cuando se la acepta. Es indiferente que se cumpla o no lo prometido. Se refiere a actos aún no cumplidos y no a la retribución por actos ya efectuados, que pueden estar inspirados en agradecimiento.
El 13 de noviembre del 2010, Rosa Mussa denuncia y da de baja la habilitación de la fabrica en la MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA y el ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” dada la quiebra de la Empresa de la que era su titular, PREMIL S.A. nota que adjunto y fue recepcionada por la Gobernación, la Municipalidad y la OPDS.
Transcribo las notas las notas entregadas a la OPDS:
En el día 08/11/2011, vine a plantear por escrito al “ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”, adjunto nota presentada, con que normativa se habilitaba una (CALDERA DE 16 KILOS DE PRESIÓN 1.500.000 CALORIAS/HORA), para explotar el establecimiento, así como también como acreditó la autoridad de la empresa que presentaba la documentación para que se autorice a funcionar una empresa, en este caso es una empresa quebrada, y al día de hoy pareciera que sigue vigente en este Expediente N° 2145 4497/2006 ALCANCE 4, que era una habilitación categoría 3, aquí el Sr. Saúl Omar Sarmoria, falseando con la anuencia de la autoridad de aplicación la OPDS con sus funcionarios, datos técnicos falsos (PODRA V.S. COTEJANDO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE CON ANTERIORIDAD) y mediante ardid, firmando como titular legal de la empresa quebrada en el año 2010, que figura como titular de la habilitación, cosa que no es, por los altos riesgos asumido ante la Sociedad, son en esta circunstancias responsables de lo que pueda ocurrir, pero también agregarles hay antecedentes:
El día 11 de noviembre de 2011, la Ingeniera María Verónica Gladario, me contesta mi solicitud de aclaración que nunca habilito la referencia de autos que es la caldera, cosa que nos es cierto sabiendo ella como funcionaria de los artículos 77,78 y 79 de la ley DECRETO LEY 7647/70, que regula su actividad, que de no contestar con carta documento el rechazo de la solicitud de autos se considera que el elemento sometido a presión está habilitado, esto lo confirma la consulta (Que adjunto), de fecha 15/11/2011 hora 14:46:09, sobre el expediente de marras, que desde la fecha 10/11/2011 hora 14:53:00, lo tienen bajo llave y n se permite ver de ninguna manera.
Sin dejar de contestar por mi parte el día 16/11/2011, entrego en la OPDS, la siguiente nota que transcribo y adjunto copia de la misma:
                 Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
SRES. O.P.D.S.
SECCION: CONTROLADORES AMBIENTALES
ATT.: ING. MARIA V. GLADIARIO
c.c. al Director Ejecutivo JOSE MANUEL MEDINA
REF.: Expte. N° 21454497/2006 alcance 04
                                   JUAN RICARDO MUSSA, por derecho propio, manteniendo el domicilio constituido en calle Alvear 498, casillero “804” de la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos aires, me dirijo a Ud. a efectos de contestar la cédula de notificación que me cursara con fecha 11 de noviembre de 2011, en respuesta a mi pedido de aclaratoria efectuado con fecha 08 de noviembre de 2011, respecto del irregular funcionamiento de una caldera de más de 15 kilos de presión, de 1.500.000 calorías/hora, que funciona en el inmueble que me fuera usurpado por los ex trabajadores de Armadaja S.A., empresa en quiebra, a quien el suscrito le alquilaba un espacio, como así a la firma Premil S.A., también en quiebra, quien no tenía trabajadores en dicho inmueble.
                                   I.- En primer lugar, corresponde decirle que no cuento con ninguna documentación en mi poder de la firma Premil S.A., pero, reitero dicha firma funcionaba en el inmueble de Bosques y contaba con habilitación de vuestro organismo. Ya mucho antes de su quiebra producida el 21/09/2010, la firma había dejado de operar en el inmueble de mi propiedad.
                                   II.- En segundo lugar, solicito me aclare quien tramitó el expediente 2145-4497/06 alcance 4, con fecha 27/07/2011, dado que por lo que entiendo de su respuesta a mi pedido de aclaratoria, con esa última fecha se habría presentado documentación a efectos de continuar con la habilitación de la caldera. Este hecho sería gravísimo y abriría la responsabilidad personal de los funcionarios del Ente, dado que, vuelvo a reiterarles: La firma Premil S.A. quebró el 21/09/2010, sin empleados en el espacio del inmueble que yo les alquilaba. Dicha quiebra fue personalmente notificada por la Titular, Sra. Rosa Mussa, quien en ese acto solicitó la baja del trámite del expediente al Director Ejecutivo de la OPDS, Sr. José Manuel Molina, en setiembre de 2010. La firma Armadaja S.A. quebró con fecha 13/08/2010 y los ex empleados me usurparon toda la propiedad y no sólo el espacio que también le alquilaba a dicha firma.
                                   III.- En tercer lugar, si es como Ud. dice que el organismo NUNCA procedió a la renovación de la habilitación de autosexplíqueme porqué no la clausura si yo le estoy denunciando que están trabajando con dichos elementos peligrosos.
                                   IV.- En resumen, la respuesta al traslado que Ud. me hace,  es hacerle la misma pregunta que ya le hice al organismo y que no me contesta: PORQUE NO CLAUSURA LA FABRICA QUE SEGÚN UD. FUNCIONA SIN HABILITACION.
                                   La respuesta es que recibieron documentación en forma irregular (SABIENDO USTEDES QUE LOS DATOS TÉCNICOS Y REPRESENTACIÓN SON FALSOS), es decir, por personas no autorizadas o vigentes en el expediente de marras, cuya obligación del ente es rechazar in límine, recibiéndola reitero “sabiendo Ustedes que la documentación, las firmas eran falsas y no se correspondían con los autorizados que  figuran al día de hoy en el expediente”, es por esto que deben clausurar en forma inmediata la Planta.
                                   V.- OTRAS CONSIDERACIONES:
                                   Observo en el trámite de este expediente, luego de la quiebra sigue habilitado, Premil S.A., una serie de irregularidades que deberían ser materia de investigación inmediata, dado que no hacerlo implica atentar directamente con la salud y seguridad pública. Lo que podría dar lugar a varias tragedias del tipo “Cromañón” deben tener presente el estallido ocurrido el 17 de octubre de 2011, Un operario murió esta mañana al producirse el estallido de la caldera de un frigorífico de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza.           A manera de ejemplo, les señalo las siguientes:
Violación de la ley de seguridad pública.
“APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN”, la violación a la Resolución n° 1126/07
En lo que se refiere a los artículos 18,19, 103, 108, no tiene sistemas adecuados al control de la presión considerando que es una caldera de 16 Kilos de presión, no tiene muro de protección teniendo personas que trabajan al lado de la misma.
“RESIDUOS ESPECIALES”:
         1) Violación a la LEY N° 11.720, artículos N° 14,20, 21, INC. a.b.c y d., 23, 24, inc. a,c y g, 25 INC. a,b y d, 27 INC. d,e, 28, 33 INC. a,f,k,l y m, 38, 49, 51, 52 INC. a,b y d, 58 INC. a,b,c,d, art. Y), inciso 26, referente al Cadmio que es cancerígeno y está prohibido en la provincia de Buenos Aires-
La falta de depósito cerrado para conservar residuos especiales contaminantes.
Sin ART.
Sin seguros obligatorios.
Sin planos electromecánicos.
Sin puertas de emergencia, ustedes saben que de las 3 puertas de evacuación 2 están soldadas.
Los residuos especiales y comunes generados actualmente Ustedes saben que los arrojan en la TOSQUERA de la ruta 2, comentarios de los Ex trabajadores de ARMADAJA SA., que la mayoría de las veces acompañaron al camión, Señores Hernán Vega, Julio Tofoletti, Ismael Cano, Javier Fernández, Sebastián Fernández, Juan Domínguez, Javier Dorado, Silvio Knaper, así como también los carritos a caballo que pasan por ese lugar, le hacen llevar la basura producida unas 2 o 3 toneladas de los refiles de pvc, resto de líquidos como methil, ciclohexanona-
Reitero el pedido de copias certificadas de las inspecciones que se realizaron desde el año 2007 en adelante, que figuraría firmando Rosa Mussa, cosa que es falso sabiendo Ustedes que nunca firmo.
                                   Esperando de Ustedes la inmediata clausura del establecimiento y su respuesta a todas las preguntas que aquí les he efectuado, así como las copias certificadas solicitadas, tengan Ustedes de parte mía, mis más cordiales saludos.
           JUAN RICARDO MUSSA

FIRMA EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA PREMIL S.A., DATOS TÉCNICOS FALSOS APORTADOS POR EL SR. SAÚL OMAR SARMORIA, QUE AQUÍ TRANSCRIBO LAS ACTAS QUE APORTO A LA OPDS:
I).- El 05 de mayo de 2011, hacen un pedido de inspección  a la OPDS, fecha de recepción a la OPDS es del 05/05/2011.
II).- Con fecha supuesta después del 8 de junio de 2011, como no es visible la fecha de la presentación N° 136551 Razón Social PREMIL S.A., CON DETALLES DE LOS EQUIPOS SOMETIDOS A PRESIÓN,  detalle muy importante se lo recepciona por la OPDS, firmando como titular de la empresa de referencia al Sr. Saúl Omar Sarmoria, sabiendo la autoridad de aplicación que en sus registro este titular no existe, sin embargo siguen con el tramite sin observar la titularidad de los responsables de la empresa cosa que las autoridades de la OPDS, sabían que estaba quebrada desde el 1 de septiembre de 2010.
III).-De la firma ALFA CONSULTORES S.A. Ref: exp. N° 2145-004497/2006, presenta la nota donde adjunta los comprobantes de pagos a la OPDS, y contrato de ingeniería debidamente aprobados.
a).- RECIBO DE PAGO A LA OPDS A FAVOR PREMIL S.A., LIQUIDACIÓN N° 259967 DE FECHA 27/07/2011 $ 526,64.
b).- RECIBO DE PAGO A LA OPDS A FAVOR PREMIL S.A., LIQUIDACIÓN N° 259968 DE FECHA 27/07/2011 $ 225,-.
c).- COPIA SIMPLE DEL ESTATUTO DE LA FIRMA PREMIL S.A, con actas falsificadas por los supuestos nuevos administradores.
IV).- ACTA 1490/132  FABRICACIÓN 1985, EL MAGNETROL NO FUNCIONA, SE PUEDE DISPARAR LA PRESIÓN OCASIONANDO GRAVES CONSECUENCIA, EL FOGUISTA SE DESCUIDA Y EXPLOTA.
V).- ACTA 1490/132  FABRICACIÓN 1993.
ACTA 1491/132  DICE FABRICACIÓN 2007, SE ENCONTRABA YA REGISTRADA EN LA PRESENTACIÓN ANTERIÓR AÑO 2006, AÑO REAL DE FABRICACIÓN 1948.
VI).- ACTA 1492/132  DICE FABRICACIÓN 2007, SE ENCONTRABA YA REGISTRADA EN LA PRESENTACIÓN ANTERIÓR AÑO 2006, AÑO REAL DE FABRICACIÓN 1948.
VII).- ACTA 1493/132  DICE FABRICACIÓN 2007, SE ENCONTRABA YA REGISTRADA EN LA PRESENTACIÓN ANTERIÓR AÑO 2006, AÑO REAL DE FABRICACIÓN 1948.
VIII).- ACTA 1494/132  DICE FABRICACIÓN 2007, SE ENCONTRABA YA REGISTRADA EN LA PRESENTACIÓN ANTERIÓR AÑO 2006, AÑO REAL DE FABRICACIÓN 1948.
IX).- ACTA 1495/132  DICE FABRICACIÓN 2007, SE ENCONTRABA YA REGISTRADA EN LA PRESENTACIÓN ANTERIÓR AÑO 2006, AÑO REAL DE FABRICACIÓN 1948.
X).- ACTA 1496/132  DICE FABRICACIÓN 2007, SE ENCONTRABA YA REGISTRADA EN LA PRESENTACIÓN ANTERIÓR AÑO 2006, AÑO REAL DE FABRICACIÓN 1948.
XI).- ACTA 1497/132  DICE FABRICACIÓN 2007, SE ENCONTRABA YA REGISTRADA EN LA PRESENTACIÓN ANTERIÓR AÑO 2006, AÑO REAL DE FABRICACIÓN 1948.
XII).- ACTA 1498/132  DICE FABRICACIÓN 2007, SE ENCONTRABA YA REGISTRADA EN LA PRESENTACIÓN ANTERIÓR AÑO 2006, AÑO REAL DE FABRICACIÓN 1948.
XIII).- ACTA 1499/132  DICE FABRICACIÓN 2007, SE ENCONTRABA YA REGISTRADA EN LA PRESENTACIÓN ANTERIÓR AÑO 2006, AÑO REAL DE FABRICACIÓN 1948.
XIV).- ACTA 1500/132  DICE FABRICACIÓN 2007, SE ENCONTRABA YA REGISTRADA EN LA PRESENTACIÓN ANTERIÓR AÑO 2006, AÑO REAL DE FABRICACIÓN 1948.
XV).-ACTA 1501/132  DICE FABRICACIÓN 2007, SE ENCONTRABA YA REGISTRADA EN LA PRESENTACIÓN ANTERIÓR AÑO 2006, AÑO REAL DE FABRICACIÓN 2006.
Luego de todo estos detalles del procedimiento que tuvieron irregularmente los funcionarios de la OPDS en el año 2014 dan de baja a la Firma Premil S.A., pero en forma totalmente ilegal proceden a darle la habilitación a la COOPERATIVA DE TRABAJO COPERPLAST LIMITADA después que les mande la carta documento Nº CD 500196204 de fecha 06 de agosto de 2014 que adjunto.
                  A V.S. solicito una urgente intervención dado la peligrosidad de que pueda suceder al funcionar un establecimiento de semejante magnitud sin habilitación y fuera de control de las autoridades responsables de hacer cumplir con las leyes de SEGURIDAD PÚBLICA.
MEDIDAS DE PRUEBAS
a).- Solicito a V.S. se cite a prestar declaración testimonial del Ing. Armando Paladino, domiciliado en la calle 4 N° 1272 de esta Ciudad.
b).- Solicito a V.S. se cite a prestar declaración testimonial a los Señores
Javier Rolando Fernández (D.N.I. n° 28.649.540):
Ezequiel Fernández,
Sebastián Fernández (D.N.I. n° 34.261.182),
Ismael Cano (D.N.I. n° 16.207.725): Cantú e Oncativo y P. Machado 370, Fcio. Varela.
Arnaldo Andrés González (D.N.I. n° 26.580.975): 25 de mayo 1943, Fcio. Varela.
Juan Domínguez (D.N.I. n° 11.202.555):
Diego Ramón Giménez (D.N.I. n° 32.327.918): San Clemente 1702, Fcio. Varela.
Julio Osvaldo Toffoletti (D.N.I. n° 11.692.291): Palumbo 1799, Lonchamps, Alte. Brown.
MEDIDAS CAUTELARES:
Solicito a V.S. se cite a prestar declaración indagatoria de acuerdo al art. 294 al Sr.  José Manuel Molina, a la Ingeniera MARÍA VERONICA GLADARIO y Funcionarios del área de habilitaciones que participaron en la formación del expediente de marras.
Solicito a V.S. cite a indagatoria a los Señores/as cuyos datos filiatorios agrego:
1) Norma GARCIA (DNI: 12.176.719)
FALUCHO 98 BURZACO.
3) Oscar José VAZQUEZ (DNI: 4.705.413)
GRAL ARIAS 2244 LANUS
4) Luis DEL VIGO (DNI: 8.386.939)
CASTILLO 2 DTO 17 LONGCHAMPS
5) Antonio Basilio RAMIREZ (DNI: 8.234.553) domiciliado en la calle MANZANA A 2 DUPLEX 14 S/N. LONGCHAMPS ALTE. BROWN
6) Diego Ramón GIMENEZ (DNI: 32.327.918)
SAN CLEMENTE 702 FLORENCIO VARELA
7) Demetrio M. VARGAS (DNI: 21.347.671)
LORETO 7148 LAFERRERE
8) Mario BANEGAS (DNI: 11.831.061)
CALLE 849 449 QUILMES
 9) Jorge R. HERMOSA (DNI: 11.180.314)
SEMPERE 2635 BURZACO
 10) RAFAEL ALMANZA PEREYRA (DNI: 94.021.382)
CALLE 532ª 1229 FLORENCIO VARELA
11).- HECTOR MARIO GASPAR D.N.I. n° 8.539.361: domiciliado en la calle Gainza 1390, Alejandro Korn
SAUL OMAR SARMORIA (D.N.I. n° 7.681.328): Olavarría 2190, Burzaco Alte. Brown.
OSCAR ANSELMO GOROSITO (D.N.I. n° 13.274.248), Aranguren 600 5º piso Dto. “A” C.A.B.A..
Dr. LUIS ALBERTO CARO Tº 75 Fº 40 Alvear 477 bis (1878) casillero Nº 945, Quilmes.
Solicito a V.S. se clausure el establecimiento de la calle dada lo peligroso de las calderas.                 
VI. Petitorio.-
                                1) Se me tenga por constituido como parte querellante, y por constituido el domicilio.
                                2) Se tengan presentes las circunstancias de tiempo, modo y lugar descriptas.
                                3) Se tenga presente la calificación legal sugerida y
                                4) Se dispongan las medidas de prueba pertinente, tendiente a investigar en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente a los presuntos involucrados, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la investigación.
                                          Provéase de conformidad que,
                                           SERÁ JUSTICIA